Imputados en el procedimiento
En el auto referido, la juez Mercedes Alaya imputó en el procedimiento a otras 18 personas --el total de imputados supera ya la cincuentena entre ellas, además de Márquez y Rivera, al secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca; al secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, y al que fuera director comercial de Vitalia Vida, Antonio Albarracín, además de abogados de Garrigues y de Estudio Jurídico Villasís.
"A la mayor brevedad"
Pues bien, la Fiscalía interesa que "a la mayor brevedad se señale calendario de declaraciones" de todos los imputados a los que se hace referencia en el auto con el objetivo de "avanzar en la investigación y concretar las imputaciones", al menos en las piezas separadas correspondientes "a las ayudas públicas" en los ERE de Río Grande, Surcolor, Calderinox, Acyco y Aglomarados Morell.
El exchófer de Guerrero
La Fiscalía, que solicita también la práctica de "diversas" diligencias "como complemento" de las ya practicadas por la Policía Judicial en torno a las cinco empresas antes referidas, también hace referencia a las diligencias ordenadas por la juez instructora para "averiguar otras ayudas obtenidas" por sociedades "en las que sea partícipe" el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, quien confesó que parte de los 900.000 euros que recibió en subvenciones otorgadas por la Junta los destinó a comprar cocaína "para su jefe y para él".
Pide diligencias complementarias
En este sentido, Anticorrupción pide, como diligencias "complementarias a las ya acordadas", que se investiguen "otras empresas creadas" por el exchófer de Guerrero durante el mandato de éste como director general de Trabajo, como por ejemplo Sapphire Grupo Empresarial S.L., "y la relación de ésta y de las restantes empresas de Juan Francisco Trujillo con otras empresas de la trama".
Objeto del recurso contencioso
En tercer lugar, y puesto que el contenido del expediente administrativo de ayudas a Marco de Estudios y Proyecciones Siglo XXI aportado por esta misma empresa al TSJA "no coincide con el expediente que sobre todas las ayudas dadas a esa empresa aportó en su día la Junta", interesa que se requiera a ésta para que aporte "tanto el expediente de la concesión de la ayuda no abonada a tal empresa --objeto del recurso contencioso-- como aquellos otros expedientes de concesión de ayudas directas a empresas que no han sido abonadas, y que, salvo error u omisión, no aparecían" en la información aportada por IDEA.
Demanda contra la Junta de Andalucía
Por último, pide que se recabe del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla testimonio de la demanda presentada por la aseguradora belga Apra Leven contra la Junta, a la que reclama el pago de 36 millones de euros, así como de los documentos que acompañen a la demanda y de la contestación a la misma de la Administración, ya que "en los mismos pueden obrar documentos de interés para esta causa".
