No se puede concluir que se usarn medios públicos
El Juzgado 5 de Plaza de Castilla afirma en su auto que ha estudiado diverso material, como el uso de vehículos de la Consejería de Presidencia y Justicia y el de teléfonos móviles asignados a asesores de seguridad, para llegar a la conclusión de que no hay elementos para seguir adelante con el caso. "No es posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hayan sido utilizados en los presuntos seguimientos" a políticos del PP en Madrid, dice textualmente el auto, recogido por EFE.
Consumos telefónicos y combustible
El auto apunta que en los informes de la Policía Judicial ya se apuntaba que no era relevante esa información a efectos de manejar la hipótesis del espionaje, por lo que "no hay motivos que desvirtúen la fundamentación jurídica del auto de sobreseimiento" de julio de 2010. "Los consumos telefónicos o de combustible no están vinculados a los hechos imputados", señala el auto del 6 de febrero, por lo que no se aprecia "que se haya producido un destino de los mismos ajeno a la función pública. Tampoco la prueba práctica ha permitido concretar el importe de la defraudación y si ella ha existido".
La Comunidad de Madrid abrió una comisión de investigación
El espionaje madrileño, que fue motivo de múltiples portadas en 2009, arreció la batalla interna del PP madrileño entre los afines de Esperanza Aguirre y los de Alberto Ruiz-Gallardón. Tras las denuncias de Manuel Cobo, durante muchos años número dos del alcalde de Madrid, yel exconsejero Alfredo Prada, un disidente de la presidenta madrileña, y también por las presiones de la oposición, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aceptó abrir una comisión de investigación sobre los supuestos seguimientos.
Aguirre dio carpetazo al asunto
La investigación no duró mucho y el Gobierno de Aguirre, gracias a su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid dio carpetazo al asunto. Los socialistas madrileños, que denunciaron una posible malversación de fondos públicos, presentaron un recurso que fue sobreseído en julio de 2010. En marzo del año pasado recurrieron por segunda vez.
