El Ministerio de Economía, después de hablar con los bancos durante los últimos días, ha preparado una reforma financiera en la que además de lo que los propios bancos pongan para sanearse, el Estado aportará, de momento, 6.000 millones de euros más de deuda pública para meter dinero en los procesos de fusión en los que las entidades financieras no puedan cumplir con los requisitos mínimos impuestos por el propio Gobierno.

Fantasía contable
La fantasía contable que va a utilizar el Gobierno está inventada hace muchos años. Según las estadísticas oficiales de España y  de la Unión Europea, cuando un Estado compra capital social de una sociedad vinculada al propio Estado, el importe no se considera déficit público, porque tampoco el desembolso es considerado como gasto, ya que lo que se hace es poner en el balance estatal un desembolso de dinero en una página y una propiedad equivalente en la siguiente.

Más deuda pública
Eso es precisamente lo que va a hacer el Gobierno para poder cumplir formalmente la promesa del presidente, Mariano Rajoy, de no poner ni un euro de los contribuyentes en el saneamiento de la banca, pero emitir deuda del Estado por importe de 6.000 millones de euros, destinados a ampliar el capital del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Estadísticamente no contará para el déficit público, que es el tabú intocable de la economía europea, pero cada español deberá 150 euros más para salvar las fusiones bancarias que no podrían cumplir los requisitos de otra forma.

Precios más bajos
El decreto-ley de reforma financiera prevé, por otra parte, elevar al 80% la provisión que los bancos tienen que hacer sobre el precio al que tienen tasado el suelo que se han quedado por la crisis inmobiliaria. También deberán guardar un 65% del valor de las promociones en curso y el 35% de las viviendas terminadas. Esto supone, de hecho, que una vez rellenada la hucha, cosa que han empezado ya a hacer los bancos este año con cargo a los beneficios de 2011, las entidades financieras podrán vender el suelo por un 20% de lo que les costó, las promociones en curso podrán salir al mercado por el 35% de su valor inicial y las viviendas podrán ser vendidas con descuentos del 35%, sin que ello afecte a los resultados de la banca de los próximos años.

Préstamos restringidos
El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconocía en la presentación del decreto-ley algo que los bancos han venido negando en los últimos meses: que las entidades financieras sólo dan crédito para comprar las viviendas que se han quedado por embargos o quiebras de promotores. La frase del ministro fue más que reveladora. “Queremos –dijo- que los bancos dejen de ser inmobiliarias para que se dediquen a lo que deben dedicarse, a financiar a las familias y a las empresas”. Pero lo que el titular de Economía no reconoció, a pesar de que fue preguntado por ello, es que hay una cara oculta dentro del decreto-ley que tiene que ver con la fusión de Bankia.

La digestión de Bankia
Uno de los puntos de la norma señala que las entidades que inicien un proceso de fusión en el que el aumento del tamaño de la entidad resultante sea un 20% mayor a la más grande de las intervinientes tendrán derecho a cumplir con los requisitos en dos años, en lugar de uno que es el que se les va a exigir al resto. Los grandes (Santander, BBVA y Caixabank) ya han dicho que lo podrían hacer en un año sin problemas pero es que alguien tiene que fusionarse con Bankia, porque ella sola, salvo milagro, no puede cumplir con las nuevas exigencias, y el banco resultante tendrá entonces dos años para digerir la operación.

Plazos de fusiones
En cuanto a los plazos impuestos por el decreto-ley. Las entidades financieras que pretendan fusionarse deberán presentar un plan completo de viabilidad antes del 31 de mayo. Eso significa que, tal y como adelantó ELPLURAL.COM el pasado día 31 de enero, las parejas de baile tendrán que estar elegidas en marzo, como muy tarde, porque la elaboración de toda la documentación que exige el Banco de España para pasar el examen tarda al menos dos meses en ser elaborada. Y además tiene que estar lo suficientemente completa como para que el Ministerio pueda decidir en un mes, que es lo que marca el acuerdo el Consejo de Ministros.