Tal ha sido el asunto que ha supuesto una sentencia condenatoria, de dos años de cárcel, para Jacques Chirac. El partido socialista francés ya ha anunciado en todo caso que, si gana las próximas elecciones presidenciales, derrocará la inviolabilidad judicial de los presidentes. Juan Carlos I tendría que tomar buena nota de que, en este sentido, las cosas están cambiando.
Y si el cambio no lo facilita el Rey, debiera intentar hacerlo -cuanto antes mejor- el heredero de la Corona, el Príncipe Felipe. Pero el Príncipe tendría que ir mucho más lejos. Debería modificar todo aquello que chirría en una Monarquía constitucional y parlamentaria. Privilegios con sabor al pasado, ni uno. Se acabó la inmunidad frente a la Justicia. Se acabó que el Congreso de los Diputados no sea el que deba aprobar o no los presupuestos de la Casa Real. Se acabó que se desconozca públicamente la financiación que le llega al Rey desde algunos ministerios.
En definitiva, el affaire Urdangarin -que se arrastra desde hace unos seis años y que, al parecer, era conocido en la Casa Real- sí tiene un aspecto positivo. Así no puede seguir mucho tiempo la Monarquía española. Únicamente sobrevivirá si el Príncipe heredero demuestra audacia y capacidad para adecuarse a la realidad. Y aun de este modo la espada de Damocles de la III República continúa desenfundada como consecuencia del escándalo del duque de Palma.
No debe mantenerse la inmunidad del Rey. Nadie ha de estar por encima de la legalidad. Tampoco Juan Carlos I. Y, sea como fuere, si el Rey cree de verdad que la Justicia “es igual para todos” es que vive en otro mundo. Compare el indulto del banquero Sáenz y el de Miguel Montes, el preso más antiguo de España. O repase el papel de ciertos jueces y fiscales en el caso Fabra y tantos y tantos otros episodios judiciales nefastos. Ya lo decía Quevedo hace unos cuantos siglos. “Poderoso caballero es don dinero”.
