El Reglamento establece que los obispos pueden emitir certificaciones de dominio como si se tratara de funcionarios públicos, una potestad de la que se han valido, especialmente en Navarra y en la Comunidad Valenciana para inscribir múltiples propiedades a su nombre, y que es conocida en la jerga administrativa como inmatriculaciones.

Las denuncias de la Plataforma navarra
Las apropiaciones de templos parroquiales, ermitas, basílicas, almacenes, cementerios y garajes han sido especialmente notables en Navarra. Una situación que viene siendo denunciada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, en cuya web incluye una relación de buena parte de estas inmatriculaciones, y de las que ELPLURAL.COM ha dado cuenta a lo largo de estos últimos años.

El ejemplo de Alsasua
Algunos alcaldes han plantado cara a la Iglesia para intentar recuperar el patrimonio cultural que los obispos han hecho suyos en detrimento de  muchos pueblos. El Ayuntamiento de Alsasua ha registrado la Ermita de San Juan como propiedad municipal y se prevé que en breve haga lo mismo con la de Erkuden.

Apropiaciones "inconstitucionales"
El País recoge hoy las declaraciones del catedrático de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres Expertos en Derecho Público, quien califica estas apropiaciones de “inconstitucionales”, y alega que “si el artículo 16 de la Constitución no otorga carácter estatal a ninguna confesión”, los obispos “no pueden equipararse a un funcionario público".

Más de 1.000 bienes en Navarra
ELPLURAL.COM se hizo eco en junio de la denuncia de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Navarra, que recogía datos de inmatriculaciones realizada por la Diócesis navarra de al menos 1.087 bienes, desde 1998.

Una acción política o judicial
Josemari Esparza, de la Plataforma navarra Ekimena, en declaraciones recogidas por El País, ha dicho que “se necesita voluntad política, que los grandes partidos frenen esta situación o que alguien lo pare en los tribunales”.

La Catedral de Navarra
Una de las apropiaciones más significativas de los últimos años ha sido la de la Catedral de Navarra, a la que las arcas públicas destinaron 15 millones de euros para su reparación, meses antes de que la Iglesia la inmatriculara. Según Esparazam, “la Iglesia quiere la propiedad para tres cosas, vender, alquilar o hipotecar. Sabemos que ya se está vendiendo y alquilando”.

La sentencia en contra de la Iglesia
En Navarra, la plataforma ha reclamado a los alcaldes que dicten normas que impidan especular con los terrenos aledaños a las iglesias, que son los que se están inmatriculando, y les ha exhortado a que registren a nombre de los ayuntamientos los bienes públicos antes de que los inmatricule el Arzobispado, después de que una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estella, en enero pasado, sobre la ermita del Pilar de Garísoain, dictara que la Iglesia no pudo demostrar judicialmente su propiedad.