Preocupación sindical
Los sindicatos están preocupados por el influjo de las tesis más liberales de la economía en el Gobierno, de las que Boyer es uno de sus principales representantes ya que ha compartido durante años las ideas del Partido Popular desde FAES, fundación popular de la que fue patrono. “Los lobbies vinculados al mundo empresarial son muy potentes, incluso las empresas cada vez encuentran más y mejor receptividad a sus tesis en el Ejecutivo”, explican desde una de las principales escuelas de negocios radicada en Madrid.
Presión empresarial
La información se ilustra con un ejemplo: tras el último encuentro del presidente con los empresarios en La Moncloa, el pasado 27 de marzo, se ha empezado a promover una nueva liberalización de los horarios comerciales, que se ha introducido en el programa de reformas que se envió el sábado pasado a Bruselas. La petición había sido hecha directamente en esa reunión por Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés, que denunció también las trabas administrativas a la apertura de nuevos centros comerciales en algunas comunidades autónomas.
Pensamiento económico variado
“Como es imposible crear un think tank independiente, ya que la comisión la forma Economía, al menos, hay que intentar que haya una representación de escuelas de pensamiento económico variada, para que no todo vaya en la línea de acabar con las mejoras sociales”, explican fuentes sindicales.
El informe de Serra, primero al Rey
Lo cierto es que los empresarios empezaron en otoño pasado a trasladar de forma masiva sus mensajes al Gobierno. Primero fue el informe que la Fundación Everis, presidida por Eduardo Serra (que fue ministro de Defensa con José María Aznar), presentó al Rey en noviembre pasado. Ese informe, donde se recogía la opinión de empresarios y expertos, se resumía así, según el propio Serra: “hay que cobrar menos y trabajar más para poder pagar la deuda y tratar de mejorar la actual situación”. Que el informe se presentara directamente al Rey sentó bastante mal al Gobierno que, poco después, organizó la primera reunión con los empresarios en Moncloa. El encuentro tuvo lugar a finales de diciembre y la segunda reunión el 26 de marzo. Pero los empresarios, que tienen numerosos recursos, han montado otro comité, con César Alierta como presidente, que también va a trasladar sus inquietudes al Ejecutivo.
Compensar fuerzas
“Es evidente que la fuerza de los empresarios debe ser compensada. Que haya expertos del mundo académico también es muy necesario para dotar de independencia y efectividad al organismo”, señalan las fuentes consultadas.
Al menos un estudio al año
Se supone que la función de la Comisión Asesora de Competitividad es realizar estudios sobre cómo mejorar el funcionamiento de los mercados, la productividad y la competitividad de la economía española “con el fin de apoyar el proceso de reformas estructurales que está llevando a cabo el Gobierno y lograr un crecimiento sostenible y equilibrado”, según recogía la referencia del Consejo de Ministros que aprobó su creación.
La Comisión deberá elaborar, al menos, un informe anual sobre los principales indicadores de productividad y competitividad de la economía española y sus perspectivas de evolución. Las conclusiones de este informe podrán servir de orientación al Gobierno en el diseño de su política económica. Además, la Comisión podrá realizar a iniciativa propia cualquier estudio que considere relevante para la competitividad de la economía española, y dará respuesta mediante informes "ad hoc" a solicitudes realizadas por el Gobierno sobre reformas económicas en marcha, propuestas de nuevas reformas o cualquier aspecto relacionado con la competitividad de la economía española. Estará compuesta por un presidente y siete vocales que propondrá el Ministerio de Economía, del que dependerá la Comisión.
