El tiempo ha demostrado que 30 de nuestros soldados quedaron sin identificar “por las prisas” y que a sus ataúdes se les asignó un nombre que no les correspondía. Uno de los acusados por semejante chapuza confiesa que decidió que de la información que se diera a las familias fueran eludidos los detalles más escabrosos para que "no se torturaran”, y la presidenta Esperanza Aguirre añade que no puede criminalizarse a quienes intentaron “disminuir el dolor de las familias. ¿Qué se equivocaron? Claro que se equivocaron: nos equivocamos todos”, remata quien yerra al hacer este análisis. Nos encontramos ante una negligencia imperdonable por parte de quienes tenían la obligación de entregar a unos padres los restos mortales de sus hijos, y no los de otros, de quienes no cumplieron con su deber simplemente porque había que llegar a tiempo a un funeral de Estado que quedó manchado desde el mismo momento en que mancillaron de ese modo la memoria de quienes eran sus compañeros, unos soldados que, día tras día, expresaban su temor y sus quejas, algunas de ellas remitidas a las autoridades competentes, por el mal estado del avión en el que tenían que viajar. ¿Acaso alguna autoridad, funcionario o político, responsable en aquel momento de su seguridad, intentó disminuir el sufrimiento de quienes escuchaban a sus hijos y a sus maridos decir que pasaban más miedo viajando en ese avión que desactivando minas, “vamos en una tartana” o “reza por mi porque este avión es una mierda”? ¿Acaso creían que estas familias no conocían los detalles más escabrosos de lo que pudo haberse evitado? Sí, se equivocaron y siguen equivocándose quienes pretendían mitigar el dolor de unas personas con una mentira más, quienes solo se preocupan del honor de su partido y de quienes sirvieron a la causa de este engaño, pero no del honor de los que murieron por una causa: la incompetencia de los que no tienen conciencia.