Las declaraciones de la Reina de España recogidas en el último libro de Pilar Urbano, manifestando su postura sobre temas como el aborto, la eutanasia, la asignatura de religión en los colegios o el matrimonio homosexual, han provocado no pocas críticas y posturas encontradas. La polémica no reside tanto en el derecho o no a la libertad de expresión de la esposa del Jefe del Estado, un derecho que nadie le niega, sino en cómo lo ha ejercido. Teniendo en cuenta que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, que la Corona es hereditaria en los sucesores del Rey Juan Carlos, Jefe del Estado, y que las leyes las aprueba el Parlamento español en el que se encuentra representada la soberanía popular que con sus impuestos “sufraga” los gastos de la Casa Real, que Sofía de Grecia, que no es una mujer religiosa de 70 años cualquiera sino la Reina de España, manifieste en un libro su opinión sobre leyes aprobadas en las Cortes Generales o sobre asuntos que dividen políticamente a los ciudadanos y a los partidos que los representan, supone una ruptura con esa neutralidad y discreción que durante tantos años ha caracterizado a doña Sofía, una neutralidad y discreción “implícita” en sus funciones y en “su sueldo”. Manifestando opiniones partidistas, sean del signo que sean, la Reina “se cae” para aquellos que, independientemente de su postura hacia la institución, sí sentían una simpatía y un profundo respeto por la persona de su “imprudente” Majestad.