Sociedad
Torre de la Iglesia de La Magdalena con la Basílica del Pilar (Zaragoza) al fondo
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Fuente
:
lagartorojo.es

El movimiento laico carga contra la justicia por el freno a la desinmatriculación en Zaragoza

Considera que la decisión “supone una intromisión de la judicatura en el poder ejecutivo local”

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Jue, 18 Mayo 2017

La asociación Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) ha cargado contra la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Zaragoza, que el pasado marzo suspendió de forma cautelar el acuerdo del Ayuntamiento de la capital aragonesa para declarar de dominio público los bienes que la Iglesia Católica habría inmatriculado en la ciudad, entre los que se encuentra la catedral.

Desde el colectivo laico consideran que esta decisión judicial, requerida desde el Arzobispado de Zaragoza, “supone una intromisión de la judicatura en el poder ejecutivo local, ya que impide el cumplimiento de un acuerdo de Gobierno que ha contado por dos ocasiones con el respaldo de la mayoría del Pleno”.

La MHUEL no se muerde la lengua y tacha la decisión de los juzgados de negar “la tutela efectiva para defender por parte de una Entidad de Dominio Público, como es el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que es de todos y todas”.

Actuación del Ayuntamiento

La asociación también se dirige al Consistorio zaragozano para pedirle “continuar con su lucha por la defensa de los valores comunitarios y no dejarse arredrar por lo que, nos tememos, es una nueva injerencia de la Judicatura aragonesa a favor de los intereses de unos pocos y en contra de los de todas.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, explicó en una entrevista a ELPLURA.COM el pasado abril que el Consistorio cuestiona “el proceso poco transparente por parte de la Iglesia” para llevar a cabo “una serie de inmatriculaciones” y “sin saber los títulos de propiedad” presentados “en defensa del interés general”.

“El pueblo tiene derecho a un debate tranquilo y sosegado de por qué de forma subrepticia, aprovechándose de una legislación que amparaba privilegios, se han hecho estas cosas a sus espaldas. Es el pueblo quien ha construido ese edificio y lo ha financiado. El erario público es el que ha sostenido esos edificios”, defendía el alcalde, inquietudes que también traslado al propio Papa Francisco.

Imantriculaciones, negocio redondo

La Iglesia Católica lleva desde 1946 inscribiendo a su nombre edificios de culto y de uso público (proceso denominado inmatriculación), y son muchas las organizaciones que reclaman al Gobierno transparencia y que se recupere el patrimonio inmobiliario para uso y disfrute público.

Los obispos podían, como si fuesen funcionarios públicos, emitir certificaciones de dominio, inmatricular, sobre bienes inmuebles, sin tener que hacerlo público ni pagar el impuesto de transmisión patrimonial.

El boom se produjo a partir de 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar, cuando se modificó la Ley y el Reglamento Hipotecario, suprimiendo su artículo cinco que impedía realizar esta inmatriculación con edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas.

Este privilegio estuvo presente hasta el año 2015, cuando se volvió a reformar la Ley Hipotecaria y del Catastro, eliminado la posibilidad de inmatriculaciones por parte de la Iglesia. La reforma, con los votos a favor de PP, UPN y UPyD, no tuvo el apoyo del PSOE por no recoger un listado detallado de todas las inmatriculaciones realizadas hasta el momento.

No se conocen datos a nivel nacional ya que, como afirmo en declaraciones a este diario el colectivo Patrimonio Navarro, “no dan el número de matriculaciones porque sería un escándalo”. Pese a esto, sólo en Valencia la Iglesia Católica tiene 2.419 bienes inmuebles por un valor catastral de más de 618 millones de euros, los cuales están exentos de pagar impuestos.