A tenor de las últimas decisiones judiciales esta pregunta sobrevuela buena parte de las conversaciones españolas, ¿es verdad lo que explícitamente dijo el rey Juan Carlos I en su discurso de navidad en 2011?
Este intenso debate se lleva manteniendo años, pero bien es cierto que no siempre la justicia ha sido igual para todos. En otros tiempos había privilegios hasta para elegir la forma de morir.
¿Cómo podía ser igualitaria la justicia cuando los propios monarcas ejercían de jueces? En la imagen los Reyes Católicos impartiendo justicia, óleo de Víctor Manzano y Mejorada (1831-1865) En las siete partidas de Alfonso X el Sabio, ya queda claro cómo se había de ejecutar de distinta manera a nobles que a plebeyos, incluso el jurista medieval Alberico da Rosciate especifica que a los “viles” e “infames” se les condene a “furca suspenduntur” (se les cuelgue de la horca) mientras que a los “nobiles et barones” se les aligere la muerte cercenándoles la cabeza “decapitantur”.
Por suerte para Don Álvaro de Luna su título de Condestable de Castilla le sirvió para morir decapitadoEste distingo ya existía desde la antigüedad, y la prueba más evidente nos la ofrece San Pablo que fue decapitado y no crucificado de mala manera como le pasó a Jesús de Nazaret, gracias a su estatus de ciudadano romano. Por lo tanto es comprensible que si una norma tan injusta como esta perduró durante milenios la población española pueda tener ahora la ocurrencia de que no han cambiado tanto las cosas desde que Quevedo escribiese aquello de:
¿Quién los jueces con pasión,
sin ser ungüento, hace humanos,
pues untándoles las manos
les ablanda el corazón?
Y desde luego que la justicia ha cambiado, en los tiempos de Quevedo los reyes impartían justicia, baste leer el Alcalde de Zalamea o Fuenteovejuna y veremos cómo al final la última palabra la tiene siempre o Felipe II o los Reyes Católicos.
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Detalle de la escultura de Calderón de la Barca en la madrileña plaza de Santa Ana en la que se aprecia a Felipe II resolviendo la ejecución de Don Álvaro AtaideCosa que hoy no pasa, pues nuestra actual constitución en su artículo 117 dice que “la justicia emana del pueblo” a renglón seguido se apunta que se "administra en nombre del Rey" algo que para un ignorante como el que esto escribe requiere de una explicación que afortunadamente ofrece la página web del Congreso aclarando que:
“Con esto se reafirma además la vieja fórmula, típica del Derecho hispánico que encuentra su origen en el Fuero Viejo de Castilla, anterior en medio siglo a la ley de Partidas”
Una fórmula que merece todo el respeto a nivel histórico, pero que a nivel práctico no sé si reafirmarse en ella es lo más acertado teniendo en cuenta que el Fuero Viejo de Castilla indica que la justicia depende del Rey y de “los jueces puestos por él”.
Fernando III uno de los grandes protagonista del Fuero Viejo de Castilla
