La Guardia Civil es la institución mejor valorada por los españoles, según los barómetros del CIS, a pesar de que muchas veces desarrolla su trabajo sin garantías para su seguridad y sus libertades individuales. El 99% de sus actividades son civiles, pero a sus agentes se les aplica el Código Penal Militar.

Las asociaciones que representan a los guardias civiles se quejan de que frecuentemente sufren “represión” por denunciar irregularidades en el Cuerpo o defender los derechos de los agentes. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), se “utiliza el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil para intentar amedrentarnos”. Las comandancias en diferentes puntos del país abren expedientes disciplinarios a tutiplén contra secretarios regionales, responsables jurídicos y de comunicación de esta asociación.

"Desterrados por decir la verdad"
En Cádiz, cuatro guardias fueron destinados a otra región sólo por dar su testimonio en un juicio. José Encinas García, secretario general de AUGC en Cádiz explica a ELPLURAL.COM que se les "desterró por decir la verdad” en casos de maltrato de mandos hacia los guardias en los puestos de Ubrique y Arcos de la Frontera.

“Estos agentes llevaban más de 20 años en Ubrique y les han trasladado a Lérida y Tarragona”, añade Encinas García.

Sin sueldo por una entrevista periodística
Al propio Encinas se le abrió dos expedientes disciplinarios y se le castigó con diez días sin empleo y sueldo sólo por conceder una entrevista en un medio de comunicación, donde habló de la carencia de medios que padecen los agentes en el ejercicio de su labor.

El secretario jurídico en Cádiz ha sido uno de los más castigados con ocho expedientes disciplinarios en los últimos tres años, por ejercer su labor y denunciar, entre otras cosas, incumplimientos de riesgos laborales. “Está sufriendo una persecución. Estamos a la espera de los recursos”, precisa Encinas García.

Siete expedientes por manifestarse
El secretario provincial en Badajoz, Serviliano Valencia Díaz, recuerda los siete expedientes disciplinarios que se abrió contra miembros de su delegación por participar en una manifestación en 2012 contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy.

“La manifestación, recuerda el secretario de Comunicación en Badajoz, Julio Parra, “estaba debidamente autorizada por el entonces Delegado del Gobierno en Extremadura”, quien ha sido nombrado, por cierto, Director General de la Policía, Germán López Iglesias.

“Los manifestantes únicamente silbaron durante el discurso del citado Delegado del Gobierno. Siempre se respetó el himno nacional y el homenaje a los caídos”, recuerda Parra. Hubo una sentencia desfavorable para la asociación por parte de la Sala V del Tribunal Supremo.

Estudian denunciar en Europa
“Ahora estamos estudiando la posibilidad de denunciar ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”, afirma Valencia Díaz.

“Se nos ha abierto dos expedientes por notificar un accidente laboral, que no fue considerado así por los superiores”, relata el secretario provincial de AUGC en Badajoz.

“Se me condenó a dos días sin empleo y sueldo por notificar a un superior que se cumpla con el reconocimiento médico anual, que no se pasa, y se consideró falta que pidiera el cumplimiento de unas clases formativas, que no se estaban dando”, añade Valencia Díaz.

Juzgada por un chaleco antibala
En Salamanca, una guardia civil, que también es representante de AUGC, se enfrenta a una posible condena por insubordinación por usar durante un control un chaleco antibalas propio, después de haber pedido en reiteradas ocasiones uno adecuado a la fisonomía de la mujer.

"Una represión continuada"
En Huelva, la asociación denuncia “una situación de represión continuada”. Allí se ha abierto un expediente contra el secretario general de la delegación y dos contra el secretario jurídico.

No son los únicos casos. Según denuncia la AUGC, actualmente hay expedientes abiertos en Valencia (2), Algeciras (2), Burgos (8), Cantabria (4), Córdoba (5), Cuenca (1), Granada (1), León (1), Melilla (1), Murcia (1) y Zaragoza (1).