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Imagen del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca. EFE/Archivo
Imagen del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca.
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EFE/Archivo

15.000 jueces y fiscales europeos reclaman a la UE respeto a los derechos de emigrantes y refugiados

Máxima preocupación por la situación de los CIE españoles y el desalojo de la “jungla de Calais”

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Lun, 24 Oct 2016

La dura situación que se vive en los Centros de Internamiento de Extranjeros en España y el desalojo de refugiados de la llamada “jungla de Calais” ha llevado a que el Consejo de Administración de la asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL) que agrupa a más de 15.000 jueces y fiscales de seis países, haya emitido este fin de semana su exigencia a la UE y los Estados miembros a poner fin a las violaciones de derechos de los emigrantes y refugiados. 

Jueces para la Democracia, asociación que participa en MEDEL fue quien llevó a la reunión la preocupación por los CIE ante las protestas de las personas recluidas en el de Aluche o la huelga de hambre iniciada ayer por internos e internas del de la Zona Franca de Barcelona. El otro tema en cuanto a inmigrantes y refugiados que no se puede obviar para jueces y fiscales es el desalojo que ha comenzado este lunes en la llamada "jungla de Calais" en Francia.

“Poner fin a graves violaciones derechos”

En su acuerdo MEDEL insta a la UE  y a sus Estados miembros  “a poner fin a las graves violaciones de los derechos de los migrantes encerrados en los "puntos calientes", así como en los campamentos realizados a lo largo de sus viajes”

Además solicitan que se renuncie aplicar el acuerdo concluido entre la Unión Europea y Turquía, tal y como se anunció en la declaración conjunta de 18 de marzo de 2016. Es necesario para MEDEL  revisar a fondo el sistema de responsabilidad de un Estado miembro de la UE para examinar una solicitud de asilo (Reglamento “Dublín III”) de tal forma que la solicitud sea examinada en el país de elección del solicitante.

Exigen que  los países miembros de la UE  trabajen para que los migrantes dispongan de los medios y recursos adecuados para acudir a los tribunales encargados de hacer cumplir los derechos fundamentales y poder castigar sus violaciones.

MEDEL se basa para este requerimiento en documentos tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 

Pretextos para incumplir

“Durante más de 20 años Europa está llevando a cabo políticas hostiles contra los migrantes, restringiendo progresivamente el campo de la inmigración "regular", militarizando y externalizando el control de sus fronteras exteriores.  Y recurriendo de forma creciente tanto a medidas de devolución sin garantías hacia países que desprecian los derechos humanos como a la detención de personas en situación irregular en centros masificados e indignos, a pesar del derecho de toda persona “a salir de cualquier país, incluso de propio", explican.

Dicen los magistrados que  estas políticas se han agravado aún más con el pretexto de movimientos excepcionales de personas calificados de “crisis migratoria” a pesar de no ser imprevisibles y sin precedentes pues representan solamente el 0,2% de la población total de la Unión Europea y poco más del 10% de los desplazados y refugiados en todo el mundo en 2015.

Mujeres y niños que mueren en el mar

“Entre las personas que han llegado a Europa, más del 80% son potencialmente dignas de protección internacional. Actualmente se cuentan por millares los hombres, mujeres y niños que han encontrado la muerte en el Mediterráneo, a las puertas de Europa, y  son siempre más numerosos aquellos que intentan la travesía arriesgando sus vidas, rescatados in extremis en condiciones de cada vez más difíciles”, continùan.

Para Medel la  persistencia en una política de rechazo de las personas obligadas al exilio por la guerra y la miseria “ha llevado a Europa a concluir el 18 de marzo de 2016, un vergonzoso acuerdo con un país que abiertamente viola las más básicas libertades individuales y colectivas, y pagar miles de millones de euros como precio de la clasificación y establecimiento en campamentos a los refugiados, renunciando a sus compromisos internacionales”.

Justificar los confinamientos

“La aplicación de los sucesivos reglamentos “de Dublín” haciendo recaer la carga de acoger a los solicitantes de asilo en los países donde se produce la primera llegada en la UE han sido invocados para justificar la estrategia de identificación, clasificación y confinamiento de los exiliados llegados a las fronteras de la Unión”, dicen.

Añaden que estas  personas están  arriesgando sus vidas por la falta de vías legales de acceso pero que la estrategia citada tiene como finalidad garantizar la eficacia, para justificar el establecimiento de "puntos calientes" asimilables a unas zonas de confinamiento, donde miles de personas necesitadas de protección son finalmente abandonadas en prisiones a cielo abierto”.

Destacan también que en el seno mismo de la Unión Europea “sus Estados miembros comparten y aplican unas políticas de inmigración y asilo egoístas y nada hospitalarias, multiplicando los obstáculos a la circulación de los migrantes que están cayendo en trampas administrativas y policiales, como los CIES en España o “la jungla de Calais” en Francia, donde se les deja sin protección y sin ningún tipo de asistencia”.

La responsabilidad de los jueces

“Estas políticas y estas prácticas son la causa obvia de las múltiples y repetidas violaciones de las libertades y derechos fundamentales de las personas que tienen por objeto en primer lugar el derecho de asilo”, afirma de forma tajante MEDEL.

La asociación  explica que es plenamente consciente “de la misión y de las responsabilidades específicas que incumben a los jueces para asegurar el respeto de estas libertades y derechos fundamentales;  así como de la insuficiencia de recursos tanto por las legislaciones de los Estados miembros como por las instituciones europeas a las personas cuyos derechos y libertades son denegados o violados y, cuando existen esos recursos resultan a menudo ineficaces”.

ASOCIACIONES DE MEDEL QUE FIRMAN ESTA RESOLUCIÓN

Alemania: Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft VER.DI y Neue Richtervereinigung (NRV); Bélgica: Association Syndicale des Magistrats (ASM); Chypre: Cyprus Judges Association;España: Jueces para la democracia y Unión progresista de Fiscales; Francia: Syndicat de la Magistrature; Grecia: Eteria Elinon Dikastikon Litourgon gia ti Demokratia ke tis Elefteries; Italia: Magistratura democratica (MD) y Movimento per la Giustizia; Polonia: IUSTITIA y Stowarzyszenia Prokuratorów RP; Portugal: Associação Sindical dos Juizes Portugueses (ASJP) y Sindicato dos Magistrados do Ministerio Público (SMMP); República Checa: Soudcovska Unie České Republiky y Unie statnich zastupcu Česke republiky; Rumanía: Uniunea Naţională a Judecătorilor din România; Serbia: Association des juges de Serbie y Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, y Turquía: YARSAV.