“Las innumerables quejas y denuncias interpuestas por la Defensora del Pueblo, diversas ONG, y organizaciones juristas, y sociales, así como las realizadas por las propias personas internas, ponen de manifiesto que los CIES se caracterizan por ser espacios de vulnerabilidad humana en medio de la opacidad de las prácticas policiales”. Así se ha expresado Jueces para la Democracia ante la protesta ayer de 39 internos del madrileño Centro de Internamiento de Extranjeros en Aluche pidiendo “libertad y dignidad”. Por su parte la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias de Investigación
Señalan los jueces progresistas en un comunicado, que en estos centros se ingresa a personas extranjeras, por un máximo de 60 días, como paso previo a su expulsión. “Sin embargo, aproximadamente más de la mitad de las expulsiones planeadas no llega a materializarse, lo que pone en duda, de entrada, la idoneidad de tan gravosa medida”.
A media mañana de este jueves José Javier Polo Rodríguez fiscal jefe de Madrid anunciaba: “ Esta Fiscalía tiene abiertas Diligencias de Investigación en relación con los incidentes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) a fin de determinar las circunstancias de los hechos acaecidos durante el motín, para lo que se está recabando información de la policía judicial”.
Retenidos sin haber cometido delito alguno
“Debemos recordar que en los CIES son retenidas personas que no han cometido delito alguno, y que, sin embargo, son privadas de los derechos fundamentales y sociales más esenciales garantizados constitucionalmente”, continúan.
El Reglamento de Funcionamiento de los CIES, aprobado en 2014, recibió numerosas críticas, que llevó a que de hecho el Tribunal Supremo cuatro de sus artículos más polémicos por el TS. Este reglamento suscitó esperanzas acerca de un posible cambio de gestión en el que en vez de primar la seguridad, se hiciera hicapie en el aspecto social. Pero, dice Jpd, estas esperanzas se han visto truncadas.
“A pesar de la más que valiente y necesaria actuación que han realizado en estos años los jueces encargados de su control, perviven las deficiencias estructurales. –Añaden- Deficiencias caracterizadas por el hacinamiento, la irregular asistencia sanitaria y jurídica, la falta de información a las personas internas sobre su situación administrativa, la nula existencia de políticas sociales y/o educativas, etc.”
La reclusión, el último recurso
Consideran que es preciso avanzar en un paso previo: los criterios para solicitar el internamiento. “Es importante el dictado de la Circular 6/ 14 de la DGP, que insiste en atender a la situación integral de la persona para evitar situaciones de riesgo, como muchas que se han sucedido. Entendemos que los CIES son una medida de último recurso, al igual que la sanción de expulsión es subsidiaria a la de multa para personas en situación de mera estancia irregular”.
“Por todo ello, desde JPD consideramos que el internamiento de tales personas debe desaparecer a corto plazo, y, hasta que ello no se materialice, exigimos del gobierno que realice una inversión económica adecuada que posibilite la vida digna en los CIES, dando pleno cumplimiento a los derechos de que son titulares las personas internas”, concluye Jueces para la Democracia.
