Vicente Cervera Grau, militar asesinado en 1942 en Mahón por haber mantenido su lealtad a la república frente al golpe militar de 1936 y Ángel González García detenido y torturado en 1973 por la antigua Brigada Político Social de la policía son los protagonistas de las dos nuevas denuncias que se incorporan este miércoles 19 de octubre a la querella argentina por los crímenes del franquismo. En nombre de Vicente Cervera firma Isabel Cervera, su sobrina nieta. El propio Ángel González expone su caso. Ambos lo harán en el Consulado de Argentina en Madrid con la esperanza de que sus denuncias prosperen y logren justicia. Acuden arropados por la Asociación pro Derechos Humanos de España.

Vicente Cervera Grau, nació en Dos Aguas, Valencia. Era militar, de procedencia humilde y persona instruida intelectualmente. Leal al Gobierno de la República decidida democráticamente en las urnas en 1931. Así lo presenta su sobrina nieta Isabel en la denuncia que quiere hacer llegar a la jueza. “Capitán de la Batería de Costa de San Felipe en Mahón (Menorca) durante la insurrección fascista, fue asesinado mediante fusilamiento el 9 de Julio de 1942 a las 6:00 de la mañana en las Glasis de Isabel II de la ciudad de Mahón a los 34 años de edad” .

Fue una más de las 148 ejecuciones que se llevaron a cabo en La Mola de Mahón desde 1939 hasta 1945. Para averiguarlo, Isabel se ha  apoyado en el libro Victimes del Silenci de Antoni Pons Meliá. Un documento de la Auditoria de Guerra de Baleares señala que el 22 de Agosto de 1939 se instruye la causa 1488 de 1939 por los trámites de juicio sumarísimo “de urgencia en esclarecimiento de la actuación durante el dominio rojo en Menorca”.

El Capitán General quiso su muerte

“Vicente (mi tío-abuelo) fue detenido en la prisión Militar de Valencia el día 22 de Abril de 1939 (en las llamadas Torres de Quarte, edificación de piedra donde a causa de las condiciones insalubres enfermó gravemente)”. En ese estado le trasladaron a la prisión del Hospital de Sangre de Mahón el 29 de Mayo de 1940. “Menorca se mantuvo republicana durante los tres años de lo que llamaron guerra civil; algo imperdonable para el fascismo y por ese motivo se llevaron a cabo todos los esfuerzos necesarios”.

Si bien del consejo de guerra que se le aplicó se dictó sentencia de 30 años de reclusión mayor como “autor de un delito de adhesión a la rebelión”, “el Capitán General manifestó disconformidad con el fallo, en escrito de 29 de Julio de 1941 y estimó procedente imponer la pena de muerte a mi familiar”, continúa Isabel . Un vecino enterado por la prensa informó a su padre. “El resultado para mi bisabuelo fue la muerte a los 74 años de edad ya que no pudo soportar ni el dolor ni la injusticia; murió sin poder ver ni enterrar a su hijo”, explica a la jueza.

Ni paz ni democracia sobre restos humanos

La familia vivió otra situación impensable. El padre de Isabel fue destinado a realizar el servicio militar en el mismo lugar, La Mola de Mahón, donde su tío estuvo destinado y fue finalmente ejecutado. “De hecho cuando mi padre ingresó en filas en 1945 alguien le comentó: ‛si hubieras estado aquí hace tres años, muy probablemente hubieras formado parte del pelotón que fusiló a tu tío’, recuerda Isabel. El intento de visitar la fosa común a la que arrojaron su cuerpo fue desaconsejado por las malas consecuencias que podría acarrear.

Vicente Cervera continuó en esa fosa común “junto a otros compañeros republicanos, fusilados, hasta que en 1950 se remodeló dicho cementerio y una persona solidaria: familiar de Roberto de Andrés Pons (quien es ahora titular de este nicho), natural de Ibiza, recogió todos los restos y los acogió en un nicho del cementerio”.

Isabel se duele por el sufrimiento de su padre de 93 años y reclama reparación hacia el daño moral que padece: “Ni la paz ni la democracia pueden construirse sobre restos de seres humanos aún sepultados en fosas comunes que lucharon por dejarnos un mundo mejor y su ejemplo fue el de la dignidad”. No piensa cejar “hasta que el Ayuntamiento de Mahón les rinda homenaje”. Pide tanto al juzgado que libre Comisión Rogatoria para localizar la documentación de su familiar, que se le inhume y coteje el ADN; la depuración de responsabilidades y el juicio a quienes pudieron tener que ver con los hechos y aún estén vivos.

Las torturas de Port Bou

Por su parte Ángel González García, denuncia ante la jueza Servini lo que aconteció en Port Bou (Girona) y Barcelona entre el 11 de Octubre de 1.975 y el  19 de Octubre de 1.977. Él tenía entonces 22 años. Ángel volvía a España desde Port Bou tras haber participado en una reunión de la Dirección Nacional del P.C.E. del que era miembro. Relata que le obligaron en la frontera a bajar del tren en que viajaba. Le trasladaron al cuartel de la Guardia Civil de Port Bou y le acusaron de que el pasaporte no era el suyo exigiéndole que se identificara.

“Al no plegarme a sus exigencias, fui desnudado y empezaron a golpearme con puños y porras, hasta hacerme sangrar por la boca. A continuación se me trasladó a una celda donde fui colgado esposándome a los barrotes de la misma, con las muñecas vendadas y tocando el suelo con la punta de los pies. Así permanecí toda la noche hasta que a primera hora de la mañana fui trasladado al Cuartel de San Pablo de la Guardia Civil en Barcelona. Y de allí a la temida Comisaría central de Barcelona de la Vía Laietana de la Brigada Político Social –BPS” cuenta en su denuncia.

Dos años sin juicio y en prisión

Le aplicaron la Ley antiterrorista “y empezaron 10 días seguidos de imborrables torturas”. Dice que incluso le amenazaron con un fusilamiento. Lo que buscaban, es que se reconociera “inductor del asesinato”de un policía nacional. Fue trasladado a la Cárcel Modelo. “No pude entrar por mi propio pie y me llevaron en volandas entre dos funcionarios. Allí permaneció en una celda de aislamiento esperando, dice, un consejo de guerra que le condenase a muerte. “Pasé dos años encarcelado en régimen de prisión provisional sin fianza y sin ser sometido a juicio alguno”, rememora. Salió finalmente de presidio al aplicarse La Ley de Amnistía de 1977.

Ángel solicita a la jueza argentina que identifique a quienes estaban a cargo y de guardia en el puesto fronterizo de la Guardia Civil en Port Bou el día de autos así como a los de la Comisaría Central de Policía de Vía Layetana en Barcelona donde operaba la Brigada Político Social. Al jefe de este operativo lo describe con detalle a fin de que si es posible se proceda a su imputación.