¿La reforma del Estatut debe inscribirse -más allá de cualquier otra valoración- en un proceso de normalidad democrática, puesto que su tramitación parece haberse ajustado de forma escrupulosa a la legalidad vigente?
Pienso que tanto los catalanes como el conjunto de los españoles tenemos derecho a que la tramitación del Estatut en las Cortes Generales se desarrolle desde la más escrupulosa normalidad democrática. El procedimiento seguido en el Parlament de Cataluña ha sido el correcto y por lo tanto, correcto debe seguir siendolo en las Cortes Generales.

Pienso que el ruido y la furia del Partido Popular con respecto a este Estatut dificultan enormemente el procedimiento de reforma en el Congreso de los Diputados y la plena constitucionalización del texto resultante. No les interesa tanto el texto que resulte como el que ha llegado del Parlament ya que con él han diseñado una estrategia contra el Gobierno con claros tintes electoralistas. Cuando un Estatuto de Autonomía está en debate, con la importancia que éste conlleva, jugar a discursos electorales dice muy poco de quien practica estas dinámicas y dificulta muchísimo el desarrollo de un debate limpio y de cierta altura. 

¿Considera que el Estatut acabará siendo aprobado a satisfacción de la mayoría de los ciudadanos, tanto los del conjunto de España como los de Cataluña?
Considero que depende de las capacidades de negociación de los grupos en el Congreso de los Diputados. Si el texto no sobrepasara los límites constitucionales y a la vez, sirviera para cubrir las necesidades catalanas en los próximos años, el Estatut será refrendado y facilitará el desarrollo y la estabilidad política de Cataluña y del conjunto de España. De lo contrario, surgirán frustraciones e inestabilidades políticas.

El problema central no reside tanto en los contenidos del texto, perfectamente debatibles y enmendables, sino en determinadas actitudes políticas. Habrá más de un grupo político buscando el fracaso creyendo que en él reside su particular éxito electoral y éste es el principal obstáculo de la tramitación del Estatut en el Congreso de los Diputados.