El caso de Tres Cantos comenzó cuando la Comunidad de Madrid aprobó el nuevo Plan General de Urbanismo en mayo de 2003 y el Ayuntamiento quería que lo gestionara un consorcio público. Sin embargo, a comienzos de 2004, el consistorio cambió de opinión, y decidió que se hiciera cargo la empresa privada FCC.

Fue entonces cuando el concejal de Sanidad, Festejos, Bienestar Social y Mayor, Antonio Reino Cortés, del PP, amenazó con fugarse al Grupo Mixto y votar en contra de sus compañeros para que el plan no saliera adelante.

30.000 millones
En unas grabaciones suyas, Reino aseguraba: "Me he enterado de que hay 30.000 millones... ¿Quién se los va a llevar?". En referencia a los once concejales del Ayuntamiento, decía además: "Somos once, yo quiero mi 11%, como concejal que levanta la mano para que tú te lleves los 30 millones. Estoy como un gilipollas levantando la mano para que tú te lleves 30 kilos. De eso nada...".

Además, el concejal afirma: "En esto tiene que estar Romero de Tejada —por el entonces secretario general del PP en Madrid—... ¿Cómo no va a estar enterado mi partido de lo que pasa con el Plan General?".

El caso Naseiro
Lo sucedido con el ex concejal del PP en Tres Cantos recuerda el caso Redondo Naseiro, el responsable de finanzas del PP en 1989, cuyas grabaciones sobre corrupción inmobiliaria salpicaron a altos cargos del PP, como el actual portavoz de los conservadores en el Congreso, Eduardo Zaplana.

Cuentas millonarias
Por su parte, en el caso de Ciempozuelos, la Unidad Central de Información de Andorra comunicó hace días al Servicio para la Prevención y el Blanqueo de Capitales del Banco de España una sospechosa operación monetaria, cuyos protagonistas eran Pedro Torrejón, el dimitido alcalde de Ciempozuelos (Madrid), y Joaquín Tejeiro, ex regidor de esta localidad entre 1991 y 1995, ambos socialistas.

Torrejón, según esa información, ingresó 800.000 euros, y Tejeiro los 116.000 restantes, cantidades que superan con creces los ingresos profesionales de ambos.

Más casos de corrupción
Se suma a estos capítulos de corrupción urbanística el supuesto pelotazo de 75 millones de euros del Gobierno de Murcia, del PP. Según El País, el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.

Según la investigación del fiscal, el propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, ganó en dos años 75 millones de euros con el cambio del uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor.