21/11/2009
El Plural / Política
POLÍTICA
La investigación podría archivarse, si se siguen negando a colaborar
La policía interroga a los detectives privados implicados en el espionaje madrileño
ELPLURAL.COM
Vuelve a la actualidad la trama de los presuntos espionajes realizados en la Comunidad de Madrid contra políticos del PP. La policía está interrogando a los detectives privados implicados en los seguimientos realizados presuntamente al vicepresidente madrileño, Ignacio González, y al gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.
Agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Comisaría General de la Policía han interrogado a los detectives privados señalados como autores materiales de los informes de patrimonio y negocios, así como de las grabaciones hechas con cámara oculta al número dos de la Comunidad de Madrid. Los detectives han declarado en calidad de testigos, y su interrogatorio tienen como finalidad que expliquen quién encargó y pagó los presuntos espionajes, según la Ser.
Los registros
En octubre último, agentes de la Unidad de Delitos Económicos efectuaron registros en diferentes despachos de detectives privados, después que un informe de este organismo desvelaba su posible implicación en el supuesto espionaje. El informe policial fue remitido al titular del Juzgado número 47 de Madrid, donde el magistrado José Sierra instruye el caso.
El vídeo de Colombia
La policía judicial ha citado esta semana y en calidad de testigos a los directores de tres agencias de detectives. El pasado lunes declaró en sede policial el director de Mira Detectives, con sede en Madrid. El martes 17 lo hizo, durante toda la mañana, el gerente de Método 3. En los próximos días lo hará el responsable de una agencia que ha sido señalado como el posible autor del vídeo realizado con cámara oculta en el que aparece el vicepresidente madrileño, Ignacio González, en Colombia.
Podría archivarse el caso
En octubre, los responsables de las agencias implicadas se negaron a revelar datos sobre la identidad de la persona o personas que realizaron el encargo, alegando que el secreto profesional les permitía no revelar sus fuentes de ingresos. Desde la Policía se ha advertido que la investigación podría archivarse por la falta de colaboración de los implicados.
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