Aguirre ha vuelto a colar por la rendija una normativa que, en la práctica, supone una ampliación de su propio poder en detrimento de las corporaciones locales. En teoría, la lideresa iba a hacer una Ley del Suelo “más transparente, ágil y sostenible”, según dijo en la Asamblea el pasado 15 de septiembre. En la práctica, hará una norma por la vía rápida que se votará junto al anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Esto quiere decir que la modificación no se debatirá en detalle y que será aprobada antes de 2010.

“Aberración jurídica”
Los expertos consideran el último propósito de Aguirre una “aberración jurídica”, según informa el diario El País: el procedimiento actual sólo permite eludir las licencias municipales en proyectos acometidos por administraciones públicas y etiquetados como “excepcionales” –así se ha hecho el Campus de la Justicia-. Sin embargo, las modificaciones introducidas también permitirán que los particulares eludan las licencias locales siempre que la Comunidad lo autorice. Dicho de otra forma, “cualquier tipo de proyecto” “promovido por particulares o administraciones públicas” que el Ejecutivo regional considere “excepcional” tendrá luz verde sin más.

Ayuntamientos perjudicados
Desde 1984, la doctrina del Tribunal Supremo considera que no es necesaria la licencia en grandes obras del Estado o de las comunidades autónomas, sin embargo, nadie había imaginado que esta potestad pudiese ampliarse a obras que no sean de “interés público”. Además, la modificación de Aguirre permitirá aprobar proyectos urbanísticos particulares sin los planes correspondientes y como si fueran licencias de obras. Este ardid contraviene la autonomía municipal, pues los ayuntamientos deben ser informados de cualquier proyecto urbanístico. Ya se huele una nueva hornada de querellas de los ayuntamientos madrileños contra el Ejecutivo regional. ¿Se apuntará esta vez Alberto Ruiz Gallardón?