Cabe recordar que el pasado verano, la dirigente del PP denunció, sin ofrecer ninguna prueba, que miembros de su partido habían sido espiados por el Ejecutivo socialista. Aunque ni siquiera los medios de comunicación más conservadores dieron credibilidad a las palabras de Cospedal, la secretaria General del Partido Popular ha decidido volver a las andadas justo cuando el liderazgo de Mariano Rajoy está más cuestionado que nunca y el caso Gürtel acecha a su partido como siempre.

También ETA
Cospedal ha hecho esta desafortunada consideración en su intervención ante el Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha, en la que también ha dejado claro que su partido va a llegar "hasta las últimas consecuencias" para evitar el archivo de la investigación sobre el "chivatazo" que supuestamente alertó a ETA, en mayo de 2006, de una operación policial contra su red de extorsión.

“La furia”
Cospedal ha pedido explicaciones sobre el uso que se ha hecho del SITEL, un sistema que registra toda clase de datos de la persona que está siendo investigada, así como de las personas que entren en contacto telefónico con ella. La 'número dos' del PP ha subrayado que ahora se entiende "la furia" con la que respondió el PSOE cuando este verano los populares denunciaron "que se estaban produciendo interceptaciones de comunicaciones sin la debida cobertura legal".

Sin garantías legales
"Ahora comprendemos la furia, ¿verdad?, ahora la comprende todo el mundo, ¿verdad?", ha continuado Cospedal, quien ha añadido que quien puso en marcha este sistema sin las debidas garantías legales "está hoy muy preocupado".

Fue Aznar
A su juicio, la explicación del Gobierno de que ese sistema fue comprado por el Ejecutivo de José María Aznar no vale, porque quien lo puso en marcha fue el de José Luis Rodríguez Zapatero.

Negociación con ETA
La secretaria general de los populares ha recalcado que su partido sabe que hay que luchar contra el terrorismo, materia sobre la que el PP "no va a recibir lecciones de nadie, y menos aún de aquellos que en su día negociaron con los terroristas". Pero también comprende que en un Estado de Derecho los instrumentos para perseguir el delito y a los terroristas "no se pueden utilizar para perseguir a la oposición".