Esta vez, el PP no se ha librado ni de los reproches en su propio bando, aunque hayan sido más cautelosos que los recibidos desde asociaciones más favorables. Es el caso del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, quien fuera catapultado a ese puesto después de ejercer como consejero de Justicia de Francisco Camps.

El hombre de Camps
De Rosa ha afirmado hoy en Valencia que si alguien duda de la constitucionalidad del uso del Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (SITEL) que lo denuncie al Tribunal Constitucional (TC), aunque ha puntualizado que ni él ni el órgano al que pertenece "avala ni valora la constitucionalidad de este sistema". De Rosa también ha añadido que "hasta ahora" las intervenciones telefónicas en España se han efectuado "por autorización judicial", algo que entra en contradicción con las denuncias hechas desde el PP.

Bajo orden judicial
También la portavoz del CGPJ, antigua fiscal de menores en el TSJCV, Gabriela Bravo, ha dicho hoy que le consta que cualquier interceptación de las comunicaciones telefónicas siempre ha estado previamente autorizada por un juez, además de fundamentada y justificada a través de una resolución judicial.

“Frivolidad malsana”
El grupo que encabezara Bravo, la Unión Progresista de Fiscales, que ahora preside Emilio Sánchez Ulled, ha criticado las acusaciones del PP al considerarlas de "una frivolidad que ya parece malsana". La Asociación Profesional de la Magistratura ha recordado que España no es “un Estado policial”. Por su parte, el Foro Judicial Independiente, suscribió que en el marco constitucional cualquier abuso es preceptivo de delito "lo haga quien lo haga, el Gobierno, el CNI o quien sea porque nadie está por encima de la ley".

“Absolutamente legal”
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que SITEL es "absolutamente legal". Su portavoz, José María Benito, destacó que SITEL ha permitido que, en lo que se refiere a escuchas telefónicas, las Fuerzas de Seguridad hayan pasado "de estar en el siglo XIX a estar en el siglo XXI". Según Benito, el uso de SITEL se hace "con las mismas garantías que se hacían las otras escuchas, con intervención y autorización judicial".