Granados acaparó titulares cuando ayer criticó desde la sede de su consejería a sus compañeros de partido Prada y Cobo por el escándalo del espionaje de Madrid, pero también aprovechó sus declaraciones a los medios para arremeter contra los abogados de oficio, los encargados de ofrecer el servicio de asistencia jurídica gratuita garantizado por ley. El consejero puso especial énfasis en denunciar el gasto que representa la asistencia jurídica a extranjeros.

“No lo podemos permitir”
“Algunos abogados están presentando una factura escandalosa. Algunos siguen recurriendo a otras instancias, pese a que sus clientes ya han sido expulsados del país y no les han autorizado a seguir con el procedimiento”, denunció Granados. También advirtió de que su consejería no podrá soportar esta situación que le supone un desembolso de 50 millones de euros anuales. “Algunos han estudiado para tener una profesión liberal y se quieren hacer funcionarios sin oposición y viviendo del turno de oficio”, insistió Granados para advertir de que “no lo podemos permitir” y “si es necesario, encabezaremos un movimiento para que se modifique la ley actual”.

Malestar entre abogados explicitado por el decano
Estas declaraciones han provocado el malestar de los abogados del turno de oficio (4.500 de los 49.000 colegiados en Madrid) y el decano de los letrados, Antonio Hernández-Gil, replica en El País que las acusaciones son infundadas y las tarifas que aplican están congeladas desde 2003. Además, el Ejecutivo regional les debe “21 millones” por la factura de este año.

“Precios muy por debajo del mercado”
Hernández Gil explica que los abogados del turno de oficio tuvieron en 2008 más de 300.000 clientes y que la justicia gratuita es un servicio público, por lo que “no se puede tachar de fraude o estafa a los abogados que la prestan”, asegurando si bien puede haber “alguna situación desproporcionada en un caso muy determinado” estos abogados “cobran precios muy por debajo del mercado”. Además de tener congeladas sus tarifas desde hace seis años, los letrados de oficio pueden tardar hasta ocho y nueve meses en cobrar sus honorarios, que de media son de 200 euros por caso. El decano también recuerda que la obligación del abogado es defender a su representado “hasta el final”, lo que supone agotar los recursos en las diferentes instancias aunque se trate de un extranjero que ya no esté en el país.

“Vergüenza ajena” en el PSM
El Partido Socialista de Madrid cree que en el trasfondo de los ataques de Granados están los movimientos del Gobierno regional para privatizar el servicio. Denuncian que “desde hace meses, los letrados del turno de oficio están padeciendo una asfixia económica por los impagos de la Comunidad de Madrid al Colegio de Abogados en el servicio de asistencia jurídica gratuita que cubren todos los días del año durante las 24 horas” y las declaraciones de Granados producen “vergüenza ajena”.

Derechos constitucionales
“El Consejero, en lugar de tomar conciencia de la situación y realizar las gestiones presupuestarias oportunas para abonar los casi 21 millones de euros que adeuda al Colegio de Abogados, ha calificado la utilización del servicio de abusivo”, lamenta el PSM en un comunicado. Recuerdan al consejero que “el único abuso es el que comete Granados por no pagar un servicio público reconocido en el artículo 119 de la Constitución (derecho a la asistencia jurídica gratuita a los que carecen de recursos económicos) y que afecta a derechos fundamentales como es la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución”.

Desprestigio y privatización
Para el PSM, que recuerda que Granados ya ha incumplido su compromiso de pagar los retrasos a los abogados, detrás del ataque existe “un intento de desprestigio y una justificación de la privatización del turno oficio” para primar así “criterios de carácter económico” sobre los intereses de los ciudadanos. Los socialistas se preguntan asimismo si las críticas de Granados al uso de los extranjeros de la asistencia jurídica están coordinadas “con su compañero de filas y de gobierno Javier Fdz-Lasquetty, consejero de Inmigración y Cooperación y qué es lo que piensa este Consejero de los derechos de los inmigrantes en el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita”.