Las organizaciones integradas en 10 federaciones que se agrupan bajo el paraguas del Cermi (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad), del que dependen cerca de 600 trabajadores y más de 400.000 dependientes, denuncian que no pueden pagar a sus empleados ni, en consecuencia, "prestar un servicio adecuado", y, sus dirigentes califican la situación de "bomba de relojería".

"Problemas burocráticos"
La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha alegado que el retraso se debe a problemas burocráticos. "Ya tenemos preparada la lista de los beneficiarios, pero falta documentar algunos de los rechazos y preferimos hacerlo todo a la vez", declaró una portavoz de ese organismo.

Asociaciones en quiebra
Javier Font, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Madrid afirmó que "en agosto, muchas asociaciones van a entrar en quiebra por falta de recursos, porque la Consejería de Asuntos Sociales no ha resuelto las subvenciones. En Madrid hay 434.000 personas discapacitadas mayores de seis años, según el Instituto Nacional de Estadística, aunque esto no significa que todas ellas reciban atención de las organizaciones, según explicó Font.

Retraso desde abril
El procedimiento habitual es que las convocatorias de estas ayudas se publiquen en enero o febrero y se abra el plazo de solicitudes. Después, hay tres meses para que el Gobierno regional decida qué federaciones tienen derecho a percibir la subvención y el montante de la misma. En ese momento, a los que cumplan los requisitos se les da la mitad del dinero acordado. El siguiente paso es que a finales de julio las organizaciones justifiquen sus gastos hasta esa fecha y perciban el resto. Sin embargo, este año, el proceso se ha atascado desde el primer momento.

Un sistema "prehistórico"
Font asegura que las federaciones implicadas atienden a los discapacitados, además de ofrecerles servicios como atención jurídica y asesoría. "No tenemos liquidez, el sistema es prehistórico”, afirmó, tras anunciar que ha enviado una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para pedirle una reunión en la que analizar este tema.