martes 9 febrero 2010

20/07/2009

   El Plural / Política

  POLÍTICA

"Las denuncias policiales han caído en saco roto" lamenta el PSM

Los peritos del caso Guateque aseguran que sólo una de cada 47 licencias se ajusta a la ley

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La investigación de la trama de corrupción en torno a la concesión de licencias del Ayuntamiento de Madrid –caso Guateque- destapada en noviembre de 2007 está dando poco a poco sus frutos. Los expertos de la empresa Tragsa a la que el juez del caso, Santiago Torres, pidió elaborar un informe pericial el 28 de enero del año pasado, han concluido tras meses visitando establecimientos sospechosos que, si se observa la ley, tan sólo uno de cada 47 es apto para obtener una licencia. Según el informe de los peritos, 16 de los inmuebles investigados por Torres realizaron obras sin la autorización prescriptiva, pero siguieron funcionando legalmente a pesar de ello. Se trata de cuatro bares, un taller mecánico, un laboratorio de análisis clínico, una clínica, siete edificios de viviendas y un piso que, precisamente, pertenece al viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada. Este alto cargo de Esperanza Aguirre está imputado en la investigación por dos obras en su domicilio y por la licencia de un hotel.

Además de estas evidencias, los peritos han encontrado significativas deficiencias en materia de protocolo anti incendios, un apartado que no entraba entre sus cometidos a estudiar pero que, ante el volumen de las irregularidades, acabaron reseñando. Tragsa advierte al juez de que debe estudiar más “exhaustivamente” esta materia.

El cabecilla
Entre los locales investigados está la discoteca Dink, una propiedad del hijo de Joaquín Fernández de Castro, ex jefe de Evaluación Ambiental de la concejalía de Medio Ambiente de Madrid y presunto cabecilla de la trama. Además de no cumplir con las medidas de seguridad citadas, este local acumula 234 infracciones denunciadas por la Policía Municipal.

Más irregularidades
Siguiendo con los expedientes, en ocho establecimientos los peritos han encontrado “elementos no justificados por proyectos técnicos que podrían afectar a la seguridad estructural” de los locales, según denuncia el portavoz del Partido Socialista de Madrid, David Lucas. Se trataría de establecimientos comerciales y viviendas. También han certificado que 21 de los establecimientos investigados realizaron obras que no se ajustan a la licencia concedida, si bien siguieron operando. Finalmente, los expertos han evidenciado que el viceconsejero Armada realizó obras sin licencia en su vivienda, aunque este presunto delito habría prescrito por remitirse a 1980.

En saco roto
"Esto corrobora las denuncias en relación al incumplimiento sistemático de las normas en determinados locales. Pasado el tiempo, después de muchas inspecciones por parte de la Policía Municipal, las denuncias han caído en saco roto. Hay una responsabilidad política respecto a la permisividad de esta situación", ha sentenciado Lucas.

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