Aprobación con fuerte rebaja. Es la fórmula que utilizará el Constitucional para desbloquear el Estatut de Cataluña. La sentencia, adelanta La Vanguardia, podría llegar a finales de junio, para no interrumpir las elecciones europeas del día 7.

Pacto por el desbloqueo
El Gobierno, continúa el rotativo, es el más interesado en que el debate se zanje. En cuanto haya una resolución, el Ejecutivo propondrá al Partido Popular, autor del recurso y principal culpable del bloqueo, un trato para pasar página y renovar este Tribunal de inmediato.

Estatut descafeinado
La conclusión sobre el previsible fallo del Constitucional no es halagüeña: el órgano ha dedicado un enorme esfuerzo y se ha expuesto en exceso para un nimio resultado. Incluso las fuentes del órgano admiten que el resultado no dejará satisfecho a nadie, aunque consideran esta insatisfacción una posible virtud.

Con “nación”
En el Estatut no se consagrará la posibilidad de una relación bilateral entre Cataluña y el Gobierno central, ni el famoso “federalismo asimétrico” –un deseo manifestado por el ex presidente Pasqual Maragall-. Se subrayará, por el contrario, que la bilateralidad es un método de trabajo y no un privilegio. Se conservará, asimismo, el término “nación”, pero se acotará su valor al ámbito simbólico e histórico –como procedente de una declaración aprobada en su día por el Parlament- sin trascendencia jurídica.

Y “patria común”
Se subrayará, por el contrario, el artículo 2 de la Constitución según la cual nuestro país es la “patria común e indivisible” de todos los españoles, titulares de “la soberanía nacional”. En esta línea argumental, el órgano tiene un antecedente: los fundamentos establecidos en la resolución que rechazó el llamado Plan Ibarretxe.

Catalán
En otro apartado, el TC ha preferido pasar de largo por las competencias de Cataluña en materia de lengua, pero ha dejado sentadas bases para velar por la cautela del castellano. Se trata, según el rotativo citado, de conjurar cualquier posibilidad de que esta región avance hacia el monolingüismo. Así, el Defensor del Pueblo conservará sus competencias para acoger denuncias de los castellano parlantes y para defenderles en la comunidad.