Por el contrario, el patrón de la F-1 aseguró que si tiene que “recomendar un Gran Premio para ver, éste es el de Barcelona”. El empresario, que se encontraba en la capital catalana por el partido entre el Barcelona y el Chelsea, no ha querido precisar hasta cuándo España podrá disfrutar de dos Grandes Premios pues todo dependerá de la afición. La F-1, opinó, debe desplazarse al Este y a Oriente “porque es allí donde se desplaza la economía mundial. Yo ya no lo veré, pero Europa acabará siendo tercermundista”, indicó.

Agag, el abrepuertas
A pesar de esta tibieza sobre la duración de las competiciones, el 1 de junio de 2007 Ecclestone firmó un contrato con Camps por siete años, empezando en 2008. El contrato no estuvo exento de polémica y fue considerado como un auténtico “chantaje electoral” a los valencianos ya que, en plena campaña electoral, puso como condición que Camps fuera releegido presidente de la Comunidad el 27 de mayo de 2007. En todo este asunto jugó un papel estelar la mediación el yerno del ex presidente José María Aznar, Alejandro Agag. A cambio, el abrepuertas -como se le conoce-, habría intentado que la Generalitat patrocinara su entrada a esta competición con 40 millones de euros.

Zaplana, la mano negra
La oposición valenciana, sin embargo, ha denunciado otra mano negra tras la operación. El PSPV acusó a Eduardo Zaplana, antecesor de Camps en el Ejecutivo regional, de ser el cerebro del negocio. Según el diputado Vicent Sarriá, Camps no ha sido más que una “víctima de la pinza de su predecesor, Zaplana, que se ha servido Alejandro Agag, para recuperar la paternidad política de la Fórmula Uno en Valencia”.

Los costes
En Valencia, poco se sabe de los costes de la competición. Según el contrato, la capital está obligada a pagar a Ecclestone 26 millones cada año hasta el vencimiento del contrato. Una cifra irrisoria comparada con los 82 millones de euros que se invirtieron en las obras del circuito, además de otros 3 para aparcamientos, paddocks e inmuebles complementarios.

Y los pagadores
La Autoridad Portuaria de Valencia, cuyo vicepresidente, Luis Armada, fue imputado en la Operación Guateque por tráfico de influencias, aportaría 13 millones de euros para sufragar esta cantidad. Los casi 70 millones restantes saldrían del bolsillo del Gestor de Transportes y Puertos, al que la Consellería de Economía autorizó a endeudarse para costear las obras. A pesar de las desorbitadas inversiones, los beneficios monetarios del magno acontecimiento siguen siendo un misterio, mermado a la baja tras las declaraciones del patrón.