Cuando, recién iniciada la investigación de la Operación Gürtel, el juez Baltasar Garzón y el ya ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, coincidieron en una cacería, el PP se echó las manos a la cabeza y comenzó una campaña de acoso y derribo contra magistrado y político, poniendo en cuestión la imparcialidad del primero. Sin embargo, los populares también guardan muy buenas relaciones con ciertos sectores de la Justicia. Que se lo pregunten a Francisco Camps y a los miembros de su equipo de Gobierno, que han desarrollado una política judicial de ataques a los fiscales que investigan casos de corrupción en sus filas, mientras que no ahorran en elogios hacia los jueces que deben tomar decisiones sobre ellos.

Amistad con el vicepresidente del CGPJ
Un día después de que la Fiscalía implicara al presidente valenciano en la trama de corrupción, Camps se reunió en el Palau de la Generalitat con Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, hasta hace cinco meses, conseller de Justicia de su Ejecutivo. De Rosa ya se había pronunciado en contra de Garzón, a quién acusaba de estar incurriendo en prevaricación, y había salido en defensa de su amigo el president. Antes de su implicación, cuando una de las imputadas mencionó ante el juez que había pagado facturas de 30.000 euros en trajes para Camps, De Rosa ya se reunió en su casa con el dirigente popular. De haberle estado asesorando, el vicepresidente del CGPJ podría estar incumpliendo la ley.

"Íntima y sentida relación" con De la Rúa
Pero Camps no solo tiene buenas relaciones con su ex conseller de Justicia. Si finalmente Garzón se inhibe en la Operación Gürtel y deja el caso en manos de los tribunales superiores de Justicia, el presidente de este órgano en Valencia, José Luis de la Rúa, será el encargado de investigar a Camps como implicado. Algo que, seguramente, alegra al president, ya que es amigo íntimo del magistrado. “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”, aseguraba el propio Camps en septiembre de 2008 en un acto oficial.

Pregunta de Compromís
Esta y otras muestras de afecto hacia el magistrado llevaron a la coalición izquierdista Compromís a preguntar a mediados de febrero en las Cortes si Camps pedirá a De la Rúa que se inhiba si Garzón le remite la investigación de la trama, debido a la poca imparcialidad que tendría el juez dada su amistad con el dirigente popular. El grupo, por su puesto, no obtuvo respuesta.

El fiscal jefe del TSJV, en el punto de mira
Pero si la amistad de los populares valencianos con los magistrados es manifiesta, también lo es su enemistad con los fiscales que abren investigaciones contra los numerosos casos de corrupción que salpican al partido en la región. Según informó El País, ya en octubre de 2006 la dirección regional del PP anunció la creación de una comisión para evaluar la legalidad de las decisiones del fiscal jefe del TSJ, Ricard Cabedo, que había abierto diligencias contra los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Orihuela, contra las acciones en Terra Mítica, y contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entre otros casos de presunta corrupción.

El caso Fabra
Precisamente en relación con las múltiples imputaciones por la Justicia de Fabra se ha generado una fuerte controversia, ya que los juzgados se encuentran colapsados y no parece haber juez que se atreva a estudiar las acusaciones que pesan contra el dirigente. El propio CGPJ mantiene una discusión sobre si el presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, debe o no repetir en su cargo, debido a la estrecha relación de amistad que guarda con Fabra, a quien tendría que juzgar.

Advertencias de Conde-Pumpido
Estas relaciones de amistad en unos casos y de enemistad manifiesta en otros de la cúpula política valenciana con jueces y fiscales llevó en marzo de 2007 al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a alertar del riesgo de desprestigio que corren las instituciones a causa de “las conductas antijurídicas” que mantienen en la comunidad algunos dirigentes políticos, entre los que podría incluirse al propio presidente regional.