Este juez de Sevilla no fue capaz de hacer cumplir su propia sentencia de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle, acusado de otro delito. Estando, por consiguiente, en la calle, en libertad, Del Valle pudo –según numerosos indicios- asesinar a Mari Luz. Es seguro que Tirado no permitió deliberadamente que Del Valle eludiera su estancia en prisión. Pero no es menos cierto que por negligencia o exceso de trabajo o frivolidad –da lo mismo- cometió un gravísimo error profesional. Dejar que siga ejerciendo sus funciones judiciales después de tamaño patinazo y cobrarle como reprimenda una cantidad que es menor que una multa de tráfico provocó en su momento una oleada de indignación ciudadana contra la forma que algunos jueces –no todos, pero sí muchos- tienen de administrar justicia.

¿Doctores en sindicalismo?
Entonces, hubo voces en el Gobierno –como la de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Fernández Bermejo- que instaron al renovado CGPJ a aplicar a Tirado una normativa bastante más severa. La reacción de distintos estratos de la judicatura al ver que uno de los suyos podía salir mal parado del trance fue más bien bochornosa. Hubo protestas, amenazas de huelga y concentraciones de los togados, mientras circunspectos magistrados del Supremo hacían públicos sus puntos de vista recriminando al Gobierno por entrometerse en el criterio de los jueces y otros miembros del CGPJ. Aprovecharon algunos la coyuntura para -defendiendo a Tirado- poner encima de la mesa sus reivindicaciones que pueden ser legítimas, convenientes y hasta necesarias. El afán de algunos jueces de doctorarse en sindicalismo se ha ido extendiendo en estos últimos tiempos de modo que están ya fijadas movilizaciones judiciales para los próximos meses. Algo lamentable debido a esos tics inequívocamente corporativistas.

Los agitadores de toga
Hay que reconocer, sin embargo, que los agitadores de toga pueden estar contentos porque han ganado el primer embate y por goleada. Catorce de los veintiún componentes del actual CGPJ -entre los que figura Carlos Divar, presidente del Tribunal Supremo y, a la vez, presidente del CGPJ- se alinearon en favor de Tirado. Tres de lo vocales propuestos por el PSOE –Margarita Robles, Miguel Carmona y Manuel Torres Vela- se sumaron a los conservadores. ¿Quiénes eligieron en nombre del PSOE a los citados progresistas, éstos que se han plegado a la lógica de la derecha a la primera de cambio? ¡Menudo ojo clínico!

“La voluntad de Dios”
¿Por qué José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, promovió a Divar, un juez conocido sobre todo por su catolicismo de carácter integrista o tradicionalista. Poco antes de tomar posesión de su cargo, el 29 de septiembre de 2008, Divar acudió a misa, en la madrileña iglesia de Santa Bárbara, que ofició nada menos que el cardenal-arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. En la homilía, Rouco subrayó: “La justicia humana necesita ser vivida con la voluntad de Dios, que es justa y misericordiosa”.

Torres Vela
O sea, que, en buena parte, la responsabilidad de lo sucedido ayer en el CGPJ la tiene el Gobierno socialista. Despreció, menospreció o marginó a jueces progresistas -solventes y de acreditado prestigio- y elevó a los altares, y nunca mejor dicho, a un conservador meapilas. O apadrinó a Manuel Torres Vela, vinculado a la Asociación Francisco de Vitoria, tan respetable como ideológicamente de centro-derecha. Torres Vela se alineó con la derecha del CGPJ en el caso Tirado. Ahora se comenta –según apunta El País- que este vocal del CGPJ podría votar “sí” a la continuidad de Carlos Domínguez como presidente de la Audiencia Provincial de Castellón.

La Audiencia de Castellón
No otra cosa desea Carlos Fabra, presidente de la Diputación castellonense, experto en detener sine dia la acción de la justicia, a pesar de las numerosas denuncias que pesan contra este “político modélico”, según dice Mariano Rajoy. Las relaciones entre Fabra y Domínguez son conocidas y huelen a chamusquina por no emplear algún vocablo más contundente. Los conservadores del CGPJ protegen a Fabra. ¿Qué harán los progresistas? ¿Y qué hará Divar? ¿Le consultará a Rouco Varela si ha de apoyar a Domínguez, o sea a Fabra, o facilitar un recambio, cada vez más urgente, en la Audiencia castellonense?

“De forma maliciosa”
Rouco Varela, por ejemplo, ha respaldado al juez de familia de Murcia Fernando Ferrin Calamita, condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, como consecuencia de haber retrasado “de forma maliciosa” la adopción de una menor por una pareja de lesbianas. En fin, repasando todo esto junto parece muy acertada la expresión “vergüenza nacional”. Reciba mis respetos de nuevo, Juan José Cortés, padre de Mari Luz, una niña asesinada.

Enric Sopena es director de El Plural