El domingo la ciudad de Valencia acoge el GP de Fórmula 1. Culmina pues, el largo periplo de la ciudad hacia el evento. En medio, chantajes, caciquismo, y unas cuantas manos negras. Es a Alejandro Agag a quien se atribuye la idea de celebrar el Gran Premio en Valencia, y de convencer a su socio, el multimillonario Ecclestone, y al presidente Camps. Precisamente, fue el magnate de la F1 quien protagonizó uno de los episodios de chantaje más bochornosos de la historia reciente de España al condicionar la celebración del premio a la victoria electoral del PP en las elecciones de mayo de 2007 -a falta de la America’s Cup, buena es la Fórmula 1…-. “Creo en las personas y el contrato no se firmará ghasta después de las elecciones, cuando gane Camps”, osó decir Ecclestone.

Los honorarios del abrepuertas
Ya en septiembre del año pasado, los mentideros políticos contaban que Agag, que no da puntada sin hilo, pretendía que la Generalitat financiara su entrada en la escudería japonesa Aguri, propiedad de Suzuki. Si el rumor es cierto, el favor del yernísimo habría costado a la Generalitat 40 millones de euros, que habrían salido de las arcas públicas mediante un convenio de patrocinio del Ejecutivo regional. Lo que confirmaron fuentes de la Generalitat a la SER es que el abrepuertas estuvo presente a lo largo de las negociaciones, que tardaron dos años, si bien su cobro como colaborador no ha trascendido hasta el momento.

Las triquiñuelas del PP
Asimismo, El Plural ha venido haciéndose eco de las voces de la oposición, colectivos vecinales y ecologistas que denuncian las sombras alrededor de la millonaria competición, a pesar de lo cual la ciudad sin ley del PP ha seguido adelante con la labor. En octubre de 2007, diversas asociaciones denunciaron que “se está utilizando el dinero público para intereses privados” y que tanto Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, como Camps intentaban saltarse las normas en lo relativo a obras urbanísticas. En esta línea, Greenpeace y Ecologistas en acción pugnaban para impedir que estas se acometieran sin los estudios preceptivos de impacto ambiental. Para ello, los populares recurrieron a una triquiñuela: calificar la construcción del circuito como “remodelación y mejora de barrios”.

Amigo constructor…
No era esta la única irregularidad. Los críticos señalaban la “actuación fraudulenta” de la Generalitat, que pagó los 41.2 millones de euros que costaron las obras de las dos fases del circuito a empresas de constructores afines al PP. Entre estas, Pavasal, cuyo accionista Rafael Ferrando es uno de los hombres de confianza de Camps. En la misma línea se encuentra Lubasa, propiedad de Luis Batalla, otro hombre de negocios incondicional de Carlos Fabra, otro cacique del PP –imputado, por cierto, en varios delitos a falta de juicio… ¡y de juez!-.

Los Roig, el tridente empresarial
La lista de quejas, sin embargo, prosigue. Por la misma fecha, las asociaciones vecinales ponían de relieve los “intereses particulares” en un negocio financiado con fondos públicos. Se referían a la presencia en el acuerdo de Valmor Sport, la empresa que explota los derechos de la competición automovilística, cuyo principal accionista es Fernando Roig, dueño de Pamesa y del Villareal Club de Fútbol y uno de los picos del tridente empresarial valenciano junto con sus hermanos Juan (propietario, nada más ni nada menos, que de Mercadona) y Francisco, ex presidente del Valencia C.F. y empresario inmobiliario.

El presupuesto se duplica
El último fleco del bochorno de la Fórmula 1 en Valencia salió a la luz en abril de este año. Entonces se supo que el coste de la obra sobrepasaba ya en más del doble lo previsto. Los 37 millones anunciados inicialmente resultaron ser una cifra irrisoria. El nuevo presupuesto rebasó los 82 millones de euros, sin incluir las obras de construcción de los paddock, aparcamientos e instalaciones complementarias –otros 3 millones de euros-. La Autoridad Portuaria de Valencia, cuyo vicepresidente, Luis Armada, fue imputado en la Operación Guateque por tráfico de influencias, aportaría 13 millones de euros. Los casi 70 millones restantes saldrían del bolsillo del Gestor de Transportes y Puertos, al que la Consellería de Economía autorizó la concesión de avales para poder endeudarse y costear las obras. A pesar de las desorbitadas inversiones, los beneficios monetarios del magno acontecimiento siguen siendo un misterio. Por lo menos para los valencianos...