Colomer -que es también alcalde de Benicassim, gobernando en coalición con Izquierda Unida y el Bloc Nacionalista– defendió el pasado 29 de julio una moción en el pleno de la diputación. Pidió un compromiso formal de todas las formaciones políticas -incluido el PP- para solicitar en bloque a las instituciones judiciales provinciales, autonómicas y estatal que colaboren para alcanzar una solución a la que califica como situación de “colapso y saturación” en los juzgados de Nules. Allí se instruyen las numerosas causas judiciales contra Fabra.

“Artimaña”
Colomer reconoce que la mayoría conservadora en la diputación logró “salirse por la tangente” en esta ocasión. Porque, en contra de su propuesta, el PP acabó aprobando un texto, que ponía de manifiesto “deficiencias” en la totalidad de los juzgados de la provincia, pidiendo una solución de conjunto “a la lentitud de los juzgados en toda la provincia”, no exclusivamente en los de Nules, que es donde tiene el presidente de la diputación y del PP de Castellón las cuentas pendientes con la ley. “Fue una artimaña más de Fabra –resume Colomer–, que busca desesperadamente dilatar sus numerosos procesos y, tal vez, que prescriban los graves delitos que se le imputan”.

El político con más causas
No le cabe duda al portavoz socialista -así de claro y contundente lo expresa a El Plural- que Fabra “se ha ganado a pulso ser el político español en democracia que aglutina el mayor número de causas judiciales en su contra, además de ser las más graves que se le puedan imputar a un cargo público”, remacha.

¿Una tarea imposible?
A modo de letanía, sin hacer grandes esfuerzos de memoria, recita Colomer la larga lista de sumarios contra Fabra, abiertos hace cinco años y en los que han declarado hasta cuatro ex ministros de los gobiernos de José María Aznar. Además, ocho jueces y cuatro fiscales han pasado por el citado juzgado de Nules, pidiendo el relevo voluntario uno detrás de otro. Desde diciembre del año pasado, la titularidad del mismo está vacante.

Lista de delitos
A los delitos contra la administración de Justicia imputados al sátrapa del PP de Castellón, el portavoz socialista suma el rosario de los otros casos: falsedad en documento público y privado, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico ilegal de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios o autoridad pública, uso de información privilegiada. Acaba con puntos suspensivos, añadiendo delitos contra la salud pública. Como guinda, el socialista Colomer recuerda que Carlos Fabra presentó una declaración a Hacienda el año 1999 que le salió a devolver 463.000 pesetas, cuando en realidad tenía que haber abonado 24 millones de las mismas antiguas pesetas, según los resultados de una posterior investigación fiscal, publica en prensa.

¿Político ejemplar?
Por mucho que el líder de los conservadores del PP, Mariano Rajoy, salga en defensa de su correligionario castellonense bajo sospecha –como lo hizo a mediados de julio en un acto público en Castellón, donde calificó a Fabra de “político ejemplar”– Francesc Colomer confía en que “más tarde o más temprano se acabará haciendo justicia, porque así lo quiere la sociedad democrática y sus ciudadanos que tienen un sentido moral de la vida pública y aprecian el valor de la vida ética”.

No hay manta que lo tape
Los dos últimos “varapalos” que el máximo jefe del PP castellonense recibía en cascada, a través de sendas sentencias –ambas conocidas en un mismo día, la última semana de julio- son para el líder de la oposición socialista en la diputación dos pruebas contundentes de que “por mucho que Fabra pretenda tener el abrigo constitucional, porque alega siempre amparo y derecho al honor y a la intimidad, no existe manta de la justicia que lo tape”.

Abierta la veda
La primera de las sentencias contra Fabra salió del Tribunal Supremo, desestimando un recurso del dirigente “popular” para evitar una investigación judicial de su patrimonio y de cerca de un centenar de cuentas bancarias a su nombre y al de miembros de su familia. La segunda sentencia contra Fabra, dictada por la Audiencia de Castellón, dejaba sentado, por mor de la libertad de expresión, que no se atentó contra la intimidad, ni contra el honor del dirigente conservador en la inserción de un anuncio en prensa por el PSPV-PSOE de Castellón en campaña electoral.

El segundo de a bordo
Con pelos y señales en el anuncio socialista, se enumeraron casos de corruptelas, relacionados con el sospecho líder “popular” castellonense y su segundo de a bordo en la diputación, Francisco Martínez, alcalde de la Vall d’Alba. A este último se le ha señalado con el dedo y con pruebas fehacientes por haber recibido 12 fincas con extensos terrenos “en donación”, aprovechándose de sus cargos públicos.