La entrada de las tropas franquistas en Madrid acabó con la guerra, pero no con la lucha de los que siempre pierden. Había que ganarse el pan, y la única manera era ir a buscarlo allí donde había algo de trabajo. Nació así en la posguerra el fenómeno del chabolismo. En los extrarradios de las grandes ciudades, y especialmente de la capital, empezaron a crecer este tipo de asentamientos, carentes de todo tipo de infraestructuras básicas y de un mínimo de higiene. Conozco muy bien esa historia, que es parte además de mi historia personal. La familia de mi abuelo fue una de las primeras pobladoras de lo que hoy es el barrio de Orcasitas. A estas gentes se les quiso echar del lugar porque sus viviendas eran ilegales. Los humildes vecinos de Orcasitas se enfrentaban entonces a una dictadura y a un sistema económico que ya basaba su prosperidad en el ladrillismo –porque hay cosas que desgraciadamente no han cambiado –. Los numantinos orcasiteños sabían que sus escasas opciones pasaban forzosamente por la unidad de todos los afectados, y por eso fundaron en 1970 la Asociación de Vecinos de Orcasitas. Tres años después, en 1973, con el dictador todavía vivo, el Tribunal Supremo dictó la histórica sentencia que reconocía a los que vivían en el barrio su derecho a seguir viviendo allí en nuevas viviendas construidas por el Estado y convenientemente dotadas. La sentencia, en la que se apoyaron barrios similares de toda España, ha pasado a la historia –a la pequeña historia, la que pocos conocen porque llega difícilmente a las letras de molde y menos aún al conocimiento de los políticos – con el nombre de la “Memoria Vinculante”. Memoria que se vincula a la historia, a la historia de los que siempre pierden pero que un día ganaron.

Justicia franquista
Hoy, casi 40 años después de la Memoria Vinculante, quieren desalojar a los que habitan la Cañada Real Galiana. Los primeros asentamientos en esta zona también surgen en una época similar a la de Orcasitas. A la cañada llegaron en la posguerra gentes de Toledo, de Extremadura, de Andalucía, de Castilla La Mancha. Ahora vienen de Marruecos, de Rumanía, del África Subsahariana. Muchos de estos pobladores son ilegales, como sus casas. Otra diferencia es que en 1973 los orcasiteños lograron la misericordia de la justicia franquista. Seguramente esa lucha fue apoyada por todos los que deseaban un cambio de régimen en España. Actualmente, y gracias al progreso alcanzado en los últimos 30 años, puedes votar al PSOE o a IU y no inmutarte porque unas cuantas familias se queden en la calle. Son las ventajas de haber llegado ya a la democracia.

Igual tratamiento a otros barrios
¿Por qué en la Cañada Real Galiana no se hace lo mismo que se hizo en su día en Orcasitas, en Carabanchel, en Vallecas, en San Blas, y en tantos otros barrios que algún día fueron ilegales? Cierto es que se trata de una vía agropecuaria que requiere una conservación; entonces apliquemos este mismo criterio al Paseo de la Castellana, a la Gran Vía o a la Plaza de la Cibeles, donde por cierto tiene su sede el Ayuntamiento de Madrid. Por otro lado, si la cuestión es derribar las viviendas ilegales, que el señor Ruiz Gallardón no siga con los procesos de urbanización en los 22 nuevos desarrollos declarados ilegales por el Tribunal Supremo en sentencia firme el pasado verano. En total son 130.000 viviendas proyectadas en suelo protegido. Pero apuesten a que se construirán finalmente y a que no veremos pasar por allí a los antidisturbios.

Acceso a una vivienda digna
Tal vez el rasero con los de la cañada es distinto porque en estos momentos todo el mundo puede acceder a una vivienda. Es cierto, en España no hay ya problemas de vivienda, algo que se puede comprobar con la mera observación. De hecho el artículo 47 de la Constitución deja claro que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Y si tiran las de la cañada es simplemente porque esas casas no son nada dignas. Lo que deben hacer sus ilegales habitantes es dejar de hacerse las víctimas, colaborar con el progreso e hipotecarse a 50 años; no van a ser ellos los únicos que escapen de la quema, faltaría más. Una hipoteca a 50 años: vean aquí otro tipo de memoria histórica. El problema es que ésa ya no la escribiremos nosotros.

Daniel Jiménez Lorente es periodista y activista de V de Vivienda