La comisión especial del Parlamento Vasco que investiga la muerte de cinco trabajadores por los disparos de varios policías durante una jornada de huelga el 3 de marzo de 1976 aprobó por unanimidad pedir la comparecencia de Manuel Fraga y de Rodolfo Martín Villa, ambos importantes cargos de la agonizante dictadura en el momento de los hechos.

Víctimas del terrorismo
Esta petición ha sido hecha a instancias de todos los grupos del parlamento regional, a excepción del PP. Además de los dos ex ministros franquistas, otras doce personas tendrán que declarar en calidad de testigos sobre este caso. La iniciativa tomó cuerpo después de que los familiares de los cinco fallecidos solicitasen a la comisión especial que se les conceda la condición de víctimas del terrorismo.

Ministro de Gobernación
El presidente de honor del PP era ministro de Gobernación cuando, tres meses después de la muerte de Franco, varios policías dispararon de manera indiscriminada contra un grupo de trabajadores que se reunía en la iglesia de Zamárraga preparando una jornada de paro general que se enmarcaba dentro de una huelga que duraba desde enero.

Cinco muertos y cien heridos
La policía irrumpió en la iglesia, en la que se habían congregado unas 5.000 personas, lanzando gases lacrimógenos y material antidisturbios. Frente a la puerta principal, varios agentes disparaban de manera indiscriminada a quienes intentaban salir. La redada se saldó con la muerte de cinco hombres con edades comprendidas entre los 17 y los 32 años, y con un centenar de heridos.

"¡Buen servicio!"
En una de las grabaciones que se conservan de aquella época, uno de los mandos policiales llegaba a felicitarse por la “masacre” que habían generado “¡Buen servicio! (…) Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre… pero de verdad una masacre”, comentaba el dirigente policial.

Comparecencias por escrito
El ex presidente de la Xunta gallega tendrá que dar su versión de lo ocurrido en aquel episodio del final de la dictadura, aunque podrá acogerse a su derecho de comparecer por escrito. Lo mismo ocurre en el caso de Martín Villa, quien era ministro de Relaciones Sindicales cuando se produjeron los asesinatos.