Después de conseguir ayer la abstención de la presidenta y del vicepresidente los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional serán mayoría en la votación definitiva en la que decidirán sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, un cambio que prolongaría el mandato de ambos.

Un conservador sustituiría a Casas
Si la reforma no sigue adelante y se impide a Casas continuar como presidenta, será sustituida por el magistrado más antiguo, Vicente Conde, al que se encuadra en el sector conservador, y otorgará a este sector de la magistratura la decisión sobre recursos de inconstitucionalidad claves presentados a leyes de esta legislatura. De hecho, ya ayer Conde ejerció de presidente, ya que tanto Casas como el vicepresidente Guillermo Jiménez tuvieron que abstenerse de un debate que les afectaba directamente. Aunque Casas es progresista y Jiménez conservador, la relación de fuerzas da la vuelta ya que la presidente de un voto de calidad en caso de empate.

Como presidente accidental, Conde fue el encargado de deshacer con su voto de calidad el empate que hasta entonces se estaba produciendo y escorar la balanza del lado conservador, ya que hasta entonces los magistrados de un lado y de otro empataban a cinco votos, como informa El País.

Una última posibilidad
La última baza para evitar que los progresistas pierdan por cinco frente a seis en la votación sobre la Ley Orgánica del Poder Judical sería la recusación de dos magistrados conservadores, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, alegando la misma causa que se ha esgrimado para apartar a Casas y a Jiménez, la de interés directo o indirecto en la causa que van a revisar. Esta es la posibilidad que estudia el Gobierno, ya que tanto García-Calvo como Rodríguez Zapata habían exigido con anterioridad la dimisión de la presidenta.  

Más dificultades para el Estatut
La toma del control del sector conservador podría consumarse el próximo mes de octubre en una nueva votación, con la consecuencia más inmediata de que dispondrán de la mayoría que decida sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP al Estatut. Los sectores conservadores ya habían conseguido recusar a uno de los magistrados progresistas, Pérez Tremps, para que no participara en ese debate sobre el el nuevo marco estatutario catalán, y ahora consolidan su mayoría con el alejamiento de Casas.

A vueltas con el referéndum
Pero si en el PP cunde el optimismo sobre la posibilidad de que buena parte del Estatut sea declarado inconstitucional, desde Cataluña se advierte de que se doblará la apuesta en caso de que el texto sea mutilado. Ayer, el líder de CiU, Artur Mas, apeló al concepto maldito de referénfum, y aseguró que propondría uno nuevo si el Constitucional recorta el Estatut. “Si el Tribunal Constitucional acabara, por un conducto o por otro, laminando el Estatut aprobado por el pueblo de Cataluña, ¿no hemos de volver a pedir al pueblo de Cataluña que se pronuncie?”, preguntó Mas en el Parlament.

Lo que está en juego
Además, el Estatut no es el único asunto de trascendencia sobre el que debe dirimir el Tribunal Constitucional, ya que el Partido Popular ha interpuesto hasta 21 recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas durante esta legislatura, prácticamente contra todas las iniciativas del Gobierno socialista, incluidas algunas de calado social como la ley de matrimonios homosexuales o la de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.