Como estaba previsto, el Tribunal Constitucional, a petición del Gobierno, ha suspendido la convocatoria del referéndum independentista del 1-O aprobada este miércoles de madrugada por el Parlament catalán, así como los decretos que la desarrollan. El TC no han entrado en el fondo de la cuestión a analizar y ahora tiene cinco meses prorrogables para dictaminar si estos textos son o no constitucionales.
El alto tribunal, reunido de forma extraordinaria, también ha aprovechado para apercibir a los 947 alcaldes catalanes y al menos 62 altos cargos de la Generalitat de su deber de no participar en la organización del referéndum independentista.
En una entrevista a la cadena pública catalana TV3, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya había avisado durante este jueves al Gobierno de Mariano Rajoy, al TC y a la Fiscalía que "ante un tsunami de querellas habrá un tsunami de democracia", así como que no dejará de organizar el referéndum independentista: "Por descontado que siguen a buen ritmo los preparativos del referéndum".
