Podemos regresó a la actividad parlamentaria este miércoles con la comparecencia de urgencia de Mariano Rajoy para explicar sus vínculos con la Gürtel. A priori, parecía una jornada normal. Pablo Iglesias regresó de las vacaciones con su ya habitual americana y ya no extraña no verle junto a Íñigo Errejón, también con americana. Absoluta normalidad. Sin embargo, la incertidumbre se ha apoderado de la formación morada durante las últimas semanas. La declaración del presidente del Gobierno no fue más que un alto en el camino. Y es que, Podemos tiene un problema con su tribunal de Garantías: hay dos presidentes que no se reconocen el uno al otro y nadie sabe quién manda.

Iglesias reforma los Estatutos sin permiso de las bases

En Vistalegre II, celebrado los días 11 y 12 de febrero, se aprobaron los nuevos documentos:  el Organizativo, el Político, Ético y de Igualdad. Tras el cónclave, la formación (así como sus federaciones autonómicas) debía adaptar sus Estatutos a lo aprobado en Vistalegre II. El 26 de julio se publicaron los cambios estatutarios, que incluían un nuevo régimen sancionador que no fue votado en el cónclave morado.

La Comisión de Garantías Democráticas Estatal (CGDE), el órgano encargado de dirimir los conflictos internos y velar por los derechos de los inscritos, emitió el día 28 de julio el documento que ha desencadenado la guerra fratricida: el Dictamen Nº3.

El documento de la discordia

El tribunal de Garantías tumbó los preceptos incluidos en el nuevo cuerpo normativo sancionador. En concreto, declaró nulos los artículos del 71 al 77 ya que “introducen un nuevo y completo régimen disciplinario” que “debería haber sido sometido a la aprobación de la II Asamblea Estatal”. Entonces, la CGDE instó a la formación a mantener la redacción del artículo 65, vigente hasta la creación del nuevo régimen sancionador impulsado por Pablo Iglesias. Cabe destacar que, la Comisión de Garantías tiene la prerrogativa de declarar la nulidad de un artículo, siempre con base jurídica, y esta resolución es vinculante.

Pablistas inician maniobras de control sobre el tribunal de Garantías

Pablo Iglesias y sus afines eran partidarios del nuevo régimen, pero la presidenta del tribunal de Garantías de Podemos, así como varios de sus miembros, no. La reacción del sector oficialista fue denunciar -el pasado 10 de agosto- a Olga Jiménez por haberse “excedido en sus funciones”, por lo que a la presidenta del CGDE se le abrió un expediente. La querella fue interpuesta por tres miembros de la propia Comisión que se alinearon del bando de Iglesias. Tanto es así, que el pasado 13 de agosto se autoconvocaron para tomar varias decisiones, entre ellas, la designación de un instructor que llevara la causa contra Jiménez y el nombramiento de un nuevo presidente de la Comisión de Garantías de manera provisional: Argiro Giraldo, uno de los denunciantes.

Escisión: dos presidentes para un mismo órgano

En consecuencia, el tribunal de Garantías tiene ahora dos presidentes que no reconocen la legitimidad del otro. Por un lado, Olga Jiménez, quien ha sido denunciado por tres integrantes del CGDE que, autoconvocándose y erigiéndose en pleno, han nombrado un nuevo presidente, que es uno de ellos, Argiro Giraldo.

Las federaciones autonómicas se posicionan

Varias Comisiones de Garantías autonómicas han emitido dictámenes en defensa de Jiménez y, por inercia, contra Pablo Iglesias, precursor del nuevo régimen tumbado por Jiménez y que ha desatado la guerra. La última delegación en posicionarse fue la de Madrid. En un dictamen fechado a 21 de agosto, señalaban que “tendrá que seguir aplicándose el artículo 65 de los anteriores Estatutos”, moviéndose así en la misma tónica que el dictamen inicial de Jiménez. De esta manera, Madrid se ha unido a Navarra, Valencia, La Rioja y Catalunya en contra de la aprobación de artículos no aprobados en Vistalegre II.

Aún faltan varias federaciones por posicionarse, entre ellas, Andalucía. Teresa Rodríguez, su líder, ya ha pedido un informe a la Comisión de Garantías autonómica y la cúpula tiene previsto reunirse el próximo lunes para dirimir su posición. Asimismo, este jueves se ha celebrado una reunión convocada por Olga Jiménez y a la que han asistido varias federaciones críticas con la maniobra de Iglesias y los tres miembros del CGDE que se alzaron contra la presidenta. De momento, la pregunta “¿quién manda en el tribunal de Garantías?” sigue sin respuesta.