Pasado el ecuador del mes de agosto, los políticos agotan sus últimos días de vacaciones con la vista ya puesta en el inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso de los Diputados que arranca el mes que viene. El Partido Popular protagonizará una vuelta al cole con la tranquilidad de haber sacado adelante los Presupuestos Generales del Estado e ir con los deberes hechos -eso sí, con la mácula de haber cerrado el curso anterior con el presidente del Gobierno declarando ante el Tribunal Gürtel por la corrupción que asola su partido-. Ciudadanos ha aprovechado el verano para gritar a los cuatro vientos lo bien que lo ha hecho arrancando iniciativas a los populares, el PSOE inicia andadura con un renovado líder y un plantel inmerso en negociaciones con Podemos, quienes arrancarán el curso como lo terminó el PP: con un ojo en el Parlamento y otro en los tribunales.
Un juicio por presiones internas
Los morados tendrán que enfrentarse a dos juicios a principios de septiembre tras sendas denuncias de díscolos de sus filas. El primero de ellos se celebrará el día 6 en el Juzgado de Primera Instancia número 7 en Palma de Mallorca. Podemos se enfrenta a la querella de la diputada del Parlament Balear Montse Seijas (ahora en el Grupo Mixto). La formación de Pablo Iglesias expulsó a Seijas por, presuntamente, amenazar en foros internos con votar contra las Presupuestos de las Islas si no se renovaba un contrato cuyo beneficiario era el grupo de investigación científica de Daniel Bachiller, compañero de partido, quien también fue expulsado junto a Montse Seijas y a Xelo Huertas, expresidenta del Parlament.
Podemos expulsó a la diputada por las supuestas presiones en defensa de intereses particulares alegando que violaban el código ético de la formación. Seijas presentó un recurso ante la Audiencia Provincial contra el auto del Juzgado de Primera Instancia número 7, que denegó su readmisión en el partido. El día 6 se dirimirá el futuro de Montse en las filas moradas: su petición incluye la anulación del expediente y la readmisión en la formación.
Un crítico con los Estatutos en la mano
El 25 de septiembre se cumple un año de las elecciones autonómicas gallegas. Unos comicios a los que En Marea y Podemos Galicia concurrieron de manera conjunta gracias a un acuerdo orquestado y rubricado por el propio Pablo Iglesias. Un pacto que incluía una serie de premisas que obligaban a los morados a tragarse algún que otro sapo ya que varios puntos violaban los Estatutos del partido -como por ejemplo la celebración de las primarias en el seno de En Marea-. El acuerdo provocó que más de 100 dirigentes que presentaron su candidatura a las primarias recibieran un correo electrónico en el que se les comunicaba la imposibilidad de presentarse, lo que contraviene el artículo 3 del Reglamento y el 7 de los Principios Organizativos de la formación.
Uno de los afectados, el ahora exsecretario General de Podemos Arzúa, Xosé Manuel Zapata, demandó a Podemos por violar sus propios Estatutos por mandato de Iglesias, tal y como desvelamos en ELPLURAL.COM en exclusiva. La querella se produjo el pasado agosto y, en ella, exigía la paralización del proceso de primarias en el seno de En Marea y la reanudación del proceso interno de Podemos Galicia. Sin embargo, el resultado ya es de sobra conocido: Podemos Galicia tragó con la fórmula de En Marea y concurrieron juntos a los comicios.
(Consulta aquí el documento íntegro de la demanda).
El 16 de mayo de este año, ELPLURAL.COM desveló que la vista previa del juicio ya tenía fecha. El 12 de septiembre es el día fijado en rojo en el calendario para que Podemos rinda cuentas por su pacto “ilegal”. La fecha se acercaba y Zapata aumentó su exposición mediática. En este sentido, el dirigente morado vertió críticas de manera pública -concretamente en Interviú con un reportaje titulado Las censuras de Podemos- por lo que considera un acuerdo “ilegal”; y Podemos aprovechó la coyuntura: el Consejo de Coordinación del Consejo Ciudadano Autonómico dictaminó a fecha 9 de junio que Xosé Manuel debía ser expulsado del partido por “realizar manifestaciones públicas carentes de sustento con posibles repercusiones negativas” y por mantener "un comportamiento, cuando menos, poco diligente por parte de una persona que ostenta un cargo como secretario General municipal”. La sanción incluyó la imposibilidad de emitir declaraciones como miembro del partido. La incoación del expediente disciplinario se basa en el artículo 65.5 de los Estatutos del partido.
La Comisión de Garantías advirtió de la ilegalidad del acuerdo a Iglesias
Según el acta de una reunión con carácter de “urgencia” de la Comisión de Garantías de Podemos Galicia celebrada el 16 de agosto de 2016 al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el organismo aprobó informar al secretario General, Pablo Iglesias; al secretario de Organización, Pablo Echenique; a la secretaria General autonómica, Carmen Santos; y al Comité de Garantías de que el acuerdo firmado con En Marea a fecha del 12 de agosto de 2016 contravenía varios artículos de los Estatutos del partido. Por este motivo, desde la Comisión de Garantías morada en Galicia instaban a Iglesias a continuar con “el proceso de primarias ya iniciado” ya que “de otra forma se estaría incurriendo en una clara vulneración de los derechos de los inscritos”.
Además, la Comisión de Garantías denunció irregularidades que “en sesión de cuatro de agosto el Pleno de la Comisión de Garantías acordó solicitar a la secretaría General la presencia de, por lo menos una persona miembro de la comisión en las reuniones que se mantengan con otras fuerzas políticas”, reza el acta de la reunión, y añade que “presencia con la que no se ha contado en negociación alguna”, sentencia.
En cualquier caso, serán los tribunales los encargados de dictar sentencia. Lo único claro es que las primeras semanas de curso Pablo Iglesias tendrá un ojo puesto en el Parlamento y otro en los tribunales.
