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Mariano Rajoy recibe la felicitación de Albert Rivera tras ser investido presidente. EFE
Mariano Rajoy recibe la felicitación de Albert Rivera tras ser investido presidente.
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EFE

Un año después ¿ha cumplido el PP las condiciones de Ciudadanos?

El cese de todos los señalados por corrupción, investigar el caso Bárcenas, una nueva Ley electoral o el fin de los aforamientos: las medidas no cumplidas por el PP

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Jue, 10 Ago 2017

Ha pasado el tiempo des de que Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza, decidiera casarse con el PP de Mariano Rajoy, aceptara convertirle de nuevo en presidente del Gobierno tras un verano de negociaciones e intentos fallidos para formar un gobierno.

El 10 de agosto de 2016, Ciudadanos cedió y se unió al partido que criticaba, a la formación de la corrupción y del que aseguraba “no fiarse”. Aun así, dijeron “sí” en la investidura de Rajoy porque Ciudadanos estaba dispuesto a “negociar todo”. “Y cuando digo todo, es todo”, sentenció Rivera.

Pero antes, pusieron sobre la mesa para ser rubricadas y casi juradas una serie de condiciones que el Partido Popular debía cumplir para evitar el divorcio de este matrimonio político.

Entre ellas, que cualquier cargo público acusado de corrupción fuera destituido, una nueva Ley Electoral o la eliminación de los aforamientos. Prometieron romper su pacto de investidura con el Gobierno de Rajoy si una sola de las medidas era violada y olvidada pero, un año después, el PP ha dejado ese documento en el cajón del olvido. Y lo que es más llamativo, Ciudadanos ha hecho como si no pasara nada.

Crónica de un incumplimiento anunciado

El 10 de agosto del verano pasado Ciudadanos puso sobre la mesa un documento con 150 medidas en el que destacan seis puntos claves:

1- Separación inmediata de cualquier cargo público por corrupción política.

2- Eliminación de los aforamientos. “Se acabaron los privilegios políticos ante la justicia”.

3- Una nueva ley electoral. “Sí, después de 40 años” y que tenga listas desbloqueadas para poder elegir personas y no sólo partidos, que los votos valgan igual, y que se acabe el voto subrrogado”.

4- Acabar con los indultos por corrupción política y “el compadreo de amigos políticos”.

5- Limitación de los mandatos, también del presidente del Gobierno.

6- Transparencia. Investigar el Caso Bárcenas y la financiación ilegal de PP.

Sólo unos días después, tras estudiarlas, El Comité Ejecutivo del PP decía “sí” y se comprometía a cumplir los puntos. Era 17 de agosto y el día 28 los dos partidos plasmaban su firma.

Ahora, la pregunta es: ¿Qué ha pasado cuando se cumple el primer aniversario de está acuerdo? Y la respuesta es sencilla: sólo el 20% de los puntos se han cumplido o se ha empezado a trabajar en ellos, como es el caso de la Ley de autónomos propuesta por la formación naranja. Y los más importante, ninguno de los seis puntos clave están dentro de este 20%.

1“Separación inmediata de cualquier cargo público por corrupción política”

Con este punto, ciudadanos parecía tenerlo muy claro: todo imputado por corrupción debía ser sustituido por el bien de la regeneración democrática y política. Pero poco a poco, y quizás tras la presión del PP, su idea fue cambiando.

Se desvió tanto su intención que permitieron que el PP no apartara a políticos que habían sido señalados e investigados por Corrupción, como ha sido el caso del ya expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que es ex porque dimitió, no porque le echara el partido.

El expresidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. EFE/Archivo

Al final, este punto no lo ha cumplido ni el PP ni C´s porque ambos se pusieron de acuerdo para cambiar la definición de corrupción.

Está bien exigir al partido que gobierna, pero también no romper con ellos y sentirse la llave de algo. Esto pudieron pensar los dirigentes naranjas y, desde entonces, hay casos de corrupción que ya n o lo son.

Matizaron su punto número uno del pacto y acordaron que sólo era corrupción si se podía demostrar que existían indicios de “enriquecimiento personal” o "financiación ilegal”. Así, casos que desde Ciudadanos han denunciado, criticado e incluso han pedido las cabezas de los salpicados, ya no serían corrupción.

Sería el caso de los dos exconsejeros del Gobierno regional de Madrid, Salvador Victoria y Lucía Figar, que dimitieron de sus cargos para facilitar un pacto entre el PP y Ciudadanos de cara a la Comunidad de Madrid. Se les atribuye contratación irregular en el marco del caso Púnica, pero no “enriquecimiento personal” ni “financiación ilegal”.

Pero también de Jaume Matas y Óscar Clavell. El primero, expresidente de Baleares y exministro de Aznar fue condenado en julio de 2013 por el Tribunal Supremo a 9 meses de prisión. Ahora, según esta n ueva definición, su caso no sería de corrupción al ser condenado por delitos de ráfico de influencias, prevaricación y malversación.

El segundo, este diputado del PP por Castellón está imputado por malversación y prevaricación.

Mariano Rajoy, Jaume Matas, Francisco Camps y Esperanza Aguirre.

2“Se acabaron los privilegios políticos ante la justicia”

Otro de los puntos que se firmaron en este matrimonio y que más ha defendido Ciudadanos desde su nacimiento es la eliminación de los aforamientos.

Un año después, los aformamientos siguen existiendo para todos los diputados y senadores y no se ha dado ningún paso para acabar con lo que la formación definía como “privilegios políticos ante la justicia”. Es cierto que se ha hablado de iniciar un debate, pero ha quedado en eso, en una intención lanzada al aire.

El Gobierno ha justificado su inacción asegurando que se trata de una reforma muy compleja que afecta tanto a los Estatutos de las diferentes comunidades autónomas, como a la Ley orgánica del Poder Judicial.

Para eliminar los aforamientos Ciudadanos plantea una reforma exprés de la Constitución y el PP ni se lo plantea.

3Una nueva ley electoral

Tanto C´s como Podemos encontraron puntos de unión en temas como los aforamientos y la necesidad de que España tenga una nueva Ley Electoral que no premie a los partidos nacionalistas y perjudique a otras formaciones como ha pasado históricamente con Izquierda Unida.

Un año después, sólo se ha creado una Subcomisión en el Congreso que se centra en la revisión del voto rogado.

4Acabar con los indultos por corrupción política y “el compadreo de amigos políticos”

El partido de Rivera quiso poner fin al “compadreo de amigos políticos” y para ello, pensó que la solución era acabar con los indultos concedidos a personas condenadas por corrupción. Pero claro, ya no está muy claro qué es y qué no es corrupción. Recordemos la nueva definición.

Quizás por eso, aunque se hayan dado indultos por casos de prevaricación el Ejecutivo defiende que no ha concedido ninguno a un condenado por corrupción política.

Según la nueva definición, la prevaricación no es corrupción al no haber enriquecimiento personal.

5Limitación de los mandatos, también del presidente del Gobierno

Esta es la medida que afecta directamente a Mariano Rajoy. Tras dos legislaturas, aunque la actual no ha hecho más que empezar, Rajoy ha dicho en muchas ocasiones que se siente bien y con fuerzas para continuar, para seguir siendo el candidato de su partido.

Ahora bien, firmó con Ciudadanos una medida que limita el mandato de un presidente a “ocho años consecutivos”.

6Transparencia. Investigar el Caso Bárcenas y la financiación ilegal de PP

Si hay un punto que el PP ha violado, este es el punto número seis por el que Ciudadanos pedía transparencia y para ello, que se investigaran tanto el Caso Bárcenas y la financiación ilegal de PP o su caja B.

El PP se ha centrado en poner todos los obstáculos imaginados para impedir que se pudiera investigar su supuesta financiación ilegal en una comisión en el Congreso.

Primero contraatacaron registrando una petición para que se creara otra comisión en el Senado que investigase la financiación del resto de partidos, después, intentaron limitar el tiempo de investigación dejando fuera los años claves en los que supuestamente se desarrolló su caja B. Para terminar, aseguraron que recurrirían al Tribunal Constitucional porque la comisión era ilegal.

 

Natalia Castro es redactora de El Plural