Ignacio González cree que la decisión del juez Manuel García-Castellón de mantenerle en prisión sin fianza vulnera sus derechos fundamentales y provoca indefensión. Así lo argumenta en el recurso de apelación que ha presentado contra el auto del magistrado del pasado 28 de julio en el que le negó una vez más la salida de prisión.

El expresidente de la Comunidad de Madrid y dirigente del PP regional lleva en la cárcel de Soto del Real desde el pasado mes de abril por sus vínculos con la trama Lezo. Se le acusa de los presuntos delitos de delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude.

En el escrito, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, insiste en que, tal y como expuso el pasado 25 de julio, la prisión sin fianza lesiona su derecho a la “salud e integridad moral”. Solicita la nulidad de esta decisión apelando a que incurre en “incongruencia omisiva” por no dar respuesta a las alternativas planteadas por la defensa del expresidente. Entre otras cosas, propuso que a la prestación de fianza se añadiera la obligación de permanecer en el domicilio, llevar aparatos electrónicos que permitan un seguimiento permanente, no acercarse a lugares concretos e incluso la intervención de sus comunicaciones telefónicas, entre otras cosas.

La defensa de Ignacio González argumenta en su recurso de apelación que el magistrado debería haber hecho “un exhaustivo y razonado análisis de los motivos” por los que mantiene la prisión sin fianza:

“Se limita a insistir en que existe un riesgo de fuga con argumentos genéricos y refiriéndose, ahora (por primera vez en la instrucción, y desde luego sin haber interrogado, nunca, a mi mandante sobre la misma, en las dos declaraciones que ya ha prestado a presencia judicial), a una supuesta conversación telefónica en que se indicaría que mi mandante estaría dispuesto a “empezar una nueva vida” en Sudamérica, a la supuesta existencia de dinero de procedencia ilícita precisamente en aquel territorio (sobre lo que tampoco se le ha preguntado nunca, pues es evidente que carece de tales bienes), y a una probable destrucción de pruebas (sin concretar los argumentos o pruebas que se dice que existen al respecto)”.

Considera que, en su momento, pudo estar justificada esta “excepcional medida”, pero a estas alturas no ve que el riesgo de destrucción de pruebas exista ni tampoco la posibilidad de una fuga. Recuerdan los letrados su “fortísimo arraigo personal y familiar” y que, dada su “notoriedad pública” le resultaría imposible empezar una nueva vida en el extranjero, “menos aún a los países de Sudamérica con los que se está llevando a cabo investigaciones por el Juzgado”.