La asociación de lucha contra la corrupción Corruptil ha reclamado la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tras la denegación, por parte del Ayuntamiento de Madrid, del expediente de la venta de 1.860 viviendas protegidas al fondo de inversión Fidere-Blackstone, durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa.

El Gobierno de Manuela Carmena desestimó la solicitud de Corruptil en una resolución fechada el 12 de julio, alegando la necesidad de suprimir el derecho a acceso a la información porque supone “un peligro para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”. Esto ha sido cuestionado por la asociación. "¿En qué puede perjudicar que Corruptil, cuyo cometido es luchar contra la corrupción, acceda al expediente?", se pregunta su presidenta, la abogada Lara Carrasco, al responder a las preguntas de ELPLURAL.COM.

Corruptil busca que se diriman las responsabilidades políticas por la venta de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Fidere-Blackstone, en 2003, durante el Gobierno municipal de Ana Botella. Esta asociación ha llevado a cabo una minuciosa investigación que apunta a conexiones empresariales tras esta venta que afectan al hijo de la entonces alcaldesa, José María Aznar Botella.

La investigación de esta venta fue archivada de manera provisional por el instructor del Juzgado Número 38 de Madrid Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba, que ratificó el cierre de la causa en enero pasado, tras lel recurso presentado por la asociación de las familias afectadas.

El juez no tuvo acceso al expediente
Corruptil explica en su reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que precisamente “la razón de la que este procedimiento ha sido sobreseído es la falta de pruebas de la comisión de un ilícito penal”, pues “no se ha aportado al procedimiento la totalidad del expediente” de la venta, que solicita la asociación “para analizarlo en su integridad y ver la existencia o no de  ilícito penal y volver a iniciar un procedimiento penal en base a hechos desconocidos por ahora por el juzgador”.

Según explica la asociación en su texto, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, la venta se inicia “con la suscripción de un contrato de intermediación de fecha 12 de diciembre de 2012, con la entidad Itaca s.l  y culmina con las escrituras de fecha 31 de octubre de 2013”, pero estos datos, como otros, “no han formado parte del expediente judicial en su totalidad, habiéndose formulado acusación solo con parte de dicho expediente y con referencias de informes de terceros al mismo”.

“El Juzgador, no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la totalidad del expediente porque permanece oculto a las partes y al propio juez”, añade Corruptil en su escrito.

La asociación de abogados recuerda que ya han transcurrido cuatro años desde la venta y los posibles “delitos prescriben a los cinco años”.

“Si no es examinado el expediente en su totalidad, su ocultación a esta parte habrá sido fundamental para que no sean perseguidos los autores de los ilícitos que pudieran haberse cometido”, subraya la asociación, que considera que la decisión del Ayuntamiento "favorece la impunidad de los políticos implicados".

La versión del Equipo de Carmena
El Gobierno de Manuela Carmena justificó su decisión de denegar el expediente a Corruptil alegando que presentó un recurso contra el archivo del procedimiento, sumándose a la demanda de las familias afectadas. Fuentes autorizadas de la EMVS dijeron, en declaraciones publicadas a mediados de julio, además, que en el Tribunal de Cuentas se instruye otro expediente por responsabilidad contable.

Las mismas fuentes señalaron a ELPLURAL.COM otras dos vías abiertas. Por una parte, la posibilidad de decretar una nulidad administrativa por parte del Ayuntamiento, en un proceso que -aseguraron- arrancará en septiembre, y que supondría "volver a 2013, antes de la venta de las viviendas al fondo buitre". Por otra parte, recordaron que han recurrido a la Unión Europea para tratar el asunto por la vía de competencia, de manera que se pueda anular la venta a Blackstone. 

Fuentes autorizadas del Ayuntamiento, consultadas por este diario, han reiterado hoy esas razones.

Corruptil considera, sin embargo, que todo ello no es incompatible con que el Ayuntamiento de Madrid "cumpla con la transparencia y permita el acceso al expediente de esta operación, al que ni siquiera ha accedido el juez".