El gobierno Puigdemont, ahora todos valientes patriotas, ha despedido a los tibios entre grandes elogios. La mayoría independentista ha impuesto la reforma del reglamento del Parlament imprescindible para decidir rápido y de imprevisto la ley del referéndum de autodeterminación (y todas las leyes que convenga) sin miramientos ni consideración a las advertencias del Consell de Garanties Estatutàries. Mariano Rajoy ha recurrido puntualmente el nuevo reglamento ante el Tribunal Constitucional para enfriar tanta prisa. La Guardia Civil ha entrado en acción para acusar de sedición a varios altos cargos investigados por la preparación del referéndum, sorprendiendo incluso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se ha lavado las manos de tanta diligencia no solicitada. El ministro Montoro utiliza el control de facturas del FLA para entorpecer las compras sospechosas y la ONU evita inmiscuirse en el Procés. Todos han hecho los deberes para irse tranquilos de vacaciones: la crisis institucional está lista.
Las urnas, la imagen más potente de la que dispone la Generalitat en su campaña de desprestigio contra el gobierno español, deben estar listas en diversos almacenes para ser descubiertas y requisadas oportunamente por la Guardia Civil mucho antes del 1-O, ante una legión de cámaras dispuestas a inmortalizar el secuestro policial y judicial de la democracia. Urnas y Guardia Civil es la combinación perfecta en opinión de los soberanistas para situar a cada uno en su sitio. La ANC dedicará las vacaciones de sus militantes a convencer a jubilados y veraneantes de que no hay nada que temer con la nueva república.
Mientras, el presidente Puigdemont madurará la penúltima maniobra para salir airoso del conflicto: convocar elecciones autonómicas para el día 1 de octubre. Una jornada de doble urna. Las de metacrilato, para los diputados del Parlament; las de cartón, para el referéndum de autodeterminación. Una jugada parecida tuvo en su mano Artur Mas en 2014 y no se decidió a concretarla, probablemente porque en aquella circunstancia ERC no estaba dispuesta a permitir al presidente una ocasión de oro para ganar las elecciones. Ahora, las cosas son diferentes. La correlación interna de fuerzas también lo es. La cuestión más peliaguda ante esta hipótesis sería quien debe ser el nuevo presidente.
Puigdemont anunció hace meses su determinación de no presentarse, deslizando una salvedad: que circunstancias excepcionales le aconsejaran lo contrario. Habría que ver pues la excepcionalidad es la nueva normalidad en Cataluña. Oriol Junqueras es el gran favorito según todos los sondeos y difícilmente va a renunciar a optar a la presidencia. Los republicanos vienen esperando su turno desde Lluís Companys. Presidencia al margen, la urgencia de la operación aconsejaría muy probablemente repetir la coalición de JxS, de esta manera, el Pdcat se evitaría una severa derrota electoral, una buena noticia que podría compensar la pérdida del liderazgo independentista, un mero formalismo dado que, en realidad, ya no ostentan desde hace meses, en beneficio de ERC.
La coincidencia de convocatorias ayudaría a camuflar el gasto por el referéndum, perseguido por Montoro, en las cuentas legales de las elecciones, complicaría enormemente la batalla jurídica del estado para impedir la celebración de la consulta, situaría a los partidos de la oposición ante la difícil campaña de llamar a la participación para una de las urnas y advertir de la inconveniencia de votar en la otra, ofrecería a la candidatura gubernamental la posibilidad de mejorar el número de diputados que les anuncian los sondeos por separado y, de paso, conseguir una alta participación para el referéndum unilateral.
En un escenario de estas características, incluso podría asumirse (para tranquilizar a Ada Colau y los suyos) que la urna de cartón forma parte de un proceso de movilización. Su presencia testimonial sería suficiente para magnificar los comicios, que ya no serían unas vulgares autonómicas sino unas elecciones referendarias, un referéndum encubierto en la terminología independentista. Una nueva jornada histórica cuyo resultado, suma de papeletas oficiales y voluntades escritas en papel, crearía un caos jurídico y político nunca visto, probablemente muy favorable a la nueva JxS.
Esta hipótesis de cumplimiento formal de la promesa de abrir los colegios electorales el 1-O con dos urnas presenta dos grandes inconvenientes. Es una astucia y los independentistas radicales están cansados de tanta astucia y aspiran a una crisis seria con el estado para saber si pueden o no declarar la independencia, de una vez por todas. Por otra parte, la maniobra debe decidirse antes del 7 de agosto para poder cumplir el periodo preceptivo entre convocatoria y celebración de elecciones. Y tiene una gran ventaja, es perfectamente complementaria con la movilización y la propaganda puestas en marcha para divulgar los beneficios de la independencia, mucho antes de la existencia de ninguna convocatoria.
Las vacaciones políticas pueden ser muy cortas este año. En algún momento debe concretarse alguna certeza, más allá de las maniobras orquestales de unos y otros para ofrecer credibilidad a las distintas hipótesis manejadas abiertamente por ambos contendientes para combatirse. Todo es posible, pero nadie sabe que va a pasar. Tanta incertidumbre se puede mantener durante algunas semanas. Las habituales declaraciones veraniegas subidas de tono permitirán mantener vivos los dos mantras propagandísticos: este va a ser el último verano español de Cataluña o aquí no va a pasar nada porque España es eterna.
La gran duda de los dos gobiernos antes de dar pasos decisivos seguramente radica en calcular cual es el plus que ofrece la legalidad, unos para aplicarla y otros para desobedecerla. Una ventaja que está en manos del ejecutivo de Rajoy, según recuerdan todas las instancias a las que el independentismo recurre para hallar cobijo a sus planes. La División de Asistencia Electoral de la ONU ha sido la última en negar cualquier aval a una convocatoria “sin la protección que brinda el imperio de la ley”. El imperio de la ley lo administra el Estado español, sin embargo, persisten las incógnitas sobre los límites de su aplicación o sobre la energía recomendable de este ejercicio para no producir efectos contrarios a los buscados. El celo de la Guardia Civil en los últimos días es como el maná para el gobierno Puigdemont. En tanto hacen las valoraciones de rigor, los unos trabajan el miedo de los otros y estos la indignación contra aquellos. Aunque sea desde la playa.
