El Ministerio de Justicia informa este jueves ante la Comisión del ramo del Congreso de los Diputados de los indultos concedidos y denegados por el Gobierno en el último año y medio.
La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, ofrecerá los datos oficiales del Ejecutivo con un retraso de dos años, puesto que la reforma del Código Penal de 2015 incorporó como mandato legal la obligación del Gobierno de remitir un informe sobre los indultos concedidos y denegados cada seis meses, para aumentar el control parlamentario sobre esa figura.
Además, la reforma añade que el ministro de Justicia o un alto cargo de este departamento comparecerá en la comisión correspondiente para explicarlos y responder a las preguntas que le formulen los parlamentarios.
Pero desde entonces, nadie del Ministerio ha acudido al Congreso para dar cuenta de los indultos, pese a que la normativa así lo estipula. Según datos ofrecidos por Justicia, el Gobierno concedió en 2016 un total de 27 indultos, un 63 % menos de los 73 que otorgó en 2015, que representa un 0,72 % de las 3.774 peticiones resueltas.
Fuentes del Ministerio han explicado que la primera comparecencia tras la entrada en vigor de la ley debería haberse producido el día 31 de diciembre de 2015, cuando las cámaras estaban disueltas tras las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de ese año.
El Gobierno estuvo en funciones hasta el 29 de octubre de 2016, han recordado las fuentes, que han explicado que el siguiente semestre natural comenzó en enero de 2017 y ahí arrancó el cómputo del plazo previsto en la ley para la presentación del primer informe.
Un plazo que se agotó el 30 de junio, momento en el que se hizo el informe relativo al primer semestre, que, una vez concluido, será presentado en las Cortes. Pese a este mandato legal, el Gobierno central no remite información al Palacio de la Carrera de San Jerónimo en los plazos, como es su obligación.
La proposición de ley del PSOE, varada ante la Comisión
Por otro lado, el Congreso tramitará una proposición de ley del PSOE con el objetivo de modificar la Ley del Indulto, que data de 1870, e impedir la concesión de indultos a condenados por corrupción y delitos de violencia machista.
Sin embargo, el texto ha encallado y ha acumulado más de cinco meses de prórrogas, desde que fuera considerado el pasado 14 de febrero. Además de limitar la concesión del indulto total o parcial a esos delitos, esta iniciativa también exige "razones de justicia, equidad, utilidad púnlica o debida reinserción social del condenado" para la concesión del indulto total.
Estas justificaciones deberían publicarse en el BOE en el momento de comunicar la concesión de los citados indultos. No obstante, esta reforma se encuentra varada en la comisión.
