Fue el pasado 12 de julio cuando el Partido Popular otorgó a los distintos grupos parlamentarios que constituyen la subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado contra la Violencia Machista el segundo borrador del documento que busca sentar las bases.

Sin embargo y como publica el diario Público, el documento conocido como “documento percha”, no parece que subsane las dificultades que tuvo el primero y que obligó a ampliar el plazo de cierre de la subcomisión por una falta de acuerdo en el fondo y en la forma.

Este primero debía recoger y sistematizar todos los acuerdos alcanzados a lo largo de los últimos cinco meses de trabajo, así como todas las propuestas de cerca de 70 expertos que pasaron por ella. De esta manera, el PP tenía la responsabilidad de encargarse de la redacción del documento por ser el grupo mayoritario en la subcomisión.

Según fuentes cercanas a la negociación, este nuevo borrador “da marcha atrás en algunos de los acuerdos ya alcanzados y obligará a renegociarlos, por lo que es más probable que no haya un acuerdo para cerrar el documento el próximo 20 de julio”. 

Este martes y miércoles 18 y 19 de julio y según las fuentes consultadas por Público, las reuniones de la subcomisión se utilizarán para renegociar cuestiones políticas en fondo y forma, provocando un nuevo parón en el proceso.

Aunque el plazo finaliza el próximo 31 de julio, las fuentes afirman que todos los grupos están comprometidos en cerrarlo antes de que termine el plazo.

La Comisión de Seguimiento, uno de los motivos del desacuerdo

Un punto importante que levanta serias críticas sobre el documento presentado el pasado 12 de julio es el relativo a la Comisión de Seguimiento. 

Esta supone una línea roja ya que gran parte de los partidos representados en el pacto están de acuerdo con que el seguimiento de los acuerdos los realice una comisión formada por representantes de los distintos partidos políticos, instituciones de la administración, Comunidades Autónomas y organizaciones de la sociedad civil. 

Algunos grupos como el PSOE o Unidos Podemos ya han manifestado en varias ocasiones que la Comisión de Seguimiento debe tener un funcionamiento similar al Pacto de Toledo. Y es que, lo que mayoritariamente defienden los partidos en la subcomisión es que este órgano debe vivir en el Congreso y no bajo el ala del Gobierno. 

Reconocimiento de otras violencias contra la mujer

El documento incluirá otros tipos de violencias cometidas contra las mujeres, y no sólo las incluidas en la Ley de violencia de género, aprobada en 2004. 

Concretamente, también se añadirán todas aquellas violencias que ocurren también fuera del ámbito de la pareja. Para ello, la subcomisión ha acordado cambiar el artículo 1 de la Ley, en consonancia con las convenciones de Naciones Unidas y el Convenio de Estambul rectificados por nuestro país. 

Este artículo incluirá dos disposiciones adicionales. Por una parte, una que instará a la elaboración de una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, y por otra, una que recogerá las violencias de género reconocidas en el Convenio de Estambul y recibirán un tratamiento preventivo y estadístico, siempre en el marco de esa ley. 

Un hecho que sí ha sido posible gracias al acuerdo de todas las fuerzas políticas es el relativo al "título habilitante" de la condición de la víctima de violencia de género. Y es que, hasta ahora la víctima debía presentar una denuncia previa antes de ser considerada como tal y poder acceder a las prestaciones públicas y medidas de protección. 

Gracias a la eliminación de este requisito, un amplia lista de instituciones podrán certificar la condición de víctima sin pasar por la denuncia o los juzgados.