El Ayuntamiento de Almendralejo ha vuelto a surgir en la investigación del caso Púnica. Según una información del diario El País, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entregó el pasado 21 de junio en la Audiencia Nacional un informe sobre supuestas irregularidades en un contrato municipal de 20,2 millones de euros, al que optaba la empresa Cofely, empresa implicada en la operación Púnica.
La Guardia Civil ha interrogado en los últimos meses a diversos altos cargos del Ayuntamiento extremeño, entre ellos el propio alcalde José García Lobato, más conocido no precisamente por sus buenos haceres como político, y varios empresarios.
Lobato, unión entre Púnica y Extremadura
José García Lobato podría haber sido un alcalde más del PP de un municipio español pero el juez Eloy Velasco, poco antes de su salida de la instrucción de Púnica, dejó instrucciones a su sucesor para que investigase lazos de la trama con el ayuntamiento de Almendralejo.
Lobato saltó a la palestra por ser el alcalde que, después de haber asistido a un acto en homenaje del franquista y fundador de la Legión Millan Astray, llamó “zorra” a su rival socialista en la oposición. Definió a Piedad Álvarez, la portavoz socialista y delegada de Educación en Badajoz, como “la zorra que cambia de pelo, pero no de costumbres”.
Supuestos amaños de contratos y consumos inflados
La propia Piedad Álvarez relató a ELPLURAL.COM como “el PSOE desde el principio, en julio de 2014, puso de manifiesto que algo no olía bien” en los contratos del Consistorio.
Tal y como explicó, al escribir en los buscadores de internet partes de los pliegos de adjudicación de las obras encontraban que párrafos enteros eran idénticos a los pliegos que se habían aprobado en otros municipios. “Todos de Madrid, todos en los que sus alcaldes están ahora en prisión o investigados por la Púnica”, como es el caso de Móstoles, Serranillos, Valdemoro con Francisco Grandos… “Todos los indicios nos llevaron a pensar que los pliegos habían sido elaborados por la propia empresa Cofely”.
Por eso, en 2015, formalizaron una denuncia ante la Audiencia Nacional. Pero aún tenían más pruebas. Los socialistas venían de haber gobernado anteriormente en Almendralejo, con los datos en la mano, descubrieron que en los pliegos “se había inflado un 20% el consumo y eso es beneficio limpio para la empresa”, para Cofely, que era la empresa para la que se estaba supuestamente amañando la adjudicación.
