Este martes se presentó en el Parlament de Catalunya el proyecto de la Ley del Referéndum de Autodeterminación que confirma la pregunta que se pretende someter a consulta: “Queréis que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república? “Si” o “No” son las únicas respuestas establecidas.

Contestaciones escuetas ante tan complejo interrogante. Y todo con muchas prisas. El proyecto establece que la norma se crea sólo para esta ocasión y que prevalecerá jerárquicamente sobre cualquier otra. También protege a todos los que participen en la organización. ¿Algún problema? Ninguno. Todo resuelto de un plumazo.

Además, según han decidido sus autores, Junts pel Sí y la CUP, si en el referéndum gana el sí, aunque sea por un voto, en dos días el Parlament declarará formalmente la independencia y se abrirá el proceso constituyente de la República Catalana. Sí vence el no, se convocarán de inmediato elecciones.

Todo ello se produce en medio de contradicciones en el bloque independentista. El exportavoz del PdeCAT en el Congreso, Francesc Homs, acaba de criticar el cese del hasta ahora Conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, por haber duda de la celebración de la consulta. Homs ha soltado en Twitter que está “hasta los huevos".

Si en el referéndum gana el sí, aunque sea por un voto, en dos días el Parlament declarará formalmente la independencia y se abrirá el proceso constituyente de la República Catalana

Frente a tamaño desconcierto, Miquel Iceta, líder del PSC, dio a  conocer  el lunes una página web con criterios sensatos. Se llama lagarantía.es y lleva por  título: “En democracia la garantía es ley”. Ahí Iceta explica deforma didáctica y útil cuando un referéndum es legal y cuando no lo es; o qué debe hacer un cargo electo ante tal tesitura.

También recuerda el primer secretario del PSC que Junts pel sí y la CUP no llevaban este tema en sus programas y que la mayoría ciudadana no opta por la independencia. Y lo que es clave, que el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya declaró por unanimidad que la Generalitat no tiene competencias para convocar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña.

Un excelente jurista y hombre de visión política excepcional que fue fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, escribía recientemente que, en relación a la Asamblea Constituyente que pretende crearse, que "ninguna de sus decisiones serán susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de otro poder, juzgado o tribunal". Y yo mismo subrayaré que el antiguo fiscal aseveraba: “Es una disposición de signo fascista”.  Así se resume todo.