La publicación esta semana en el Diario Oficial de Galicia de los convenios de la Consejería de Presidencia con la prensa escrita, no ha generado sorpresas, pero sí mucha indignación.

Para la Confederación Intersindical Galega (CIG), no es más que otra demostración de cómo el gobierno de Alberto Núñez Feijóo utiliza estos acuerdos “como si fuesen contratos de publicidad institucional”.

La publicación llega, subrayan también, “con retraso”, ya que los convenios, salvo el de La Voz de Galicia, que se llevó a cabo el pasado mes de marzo, se asignaron a finales de 2016.

Para la CIG es, como poco, curiosa, la motivación que esgrime la Xunta para tales acuerdos, que no es otra que la de “difundir las actividades de 2017 de esta Consejería que son de interés para la ciudadanía”.  

Tras los acuerdos, subrayan, “no hay colaboración alguna, sino un pago por la publicación de las iniciativas de las consejerías”, por el autobombo.  

El problema, alegan, es “hacerlo con dinero público en un contexto de fuertes recortes”, sobre todo en lo que atañe a los servicios públicos.

“Mientras se gastan el dinero en publicidad, las listas de espera siguen creciendo”, recalcan desde la Confederación Intersindical Galega.   

Más de millón y medio a medios ‘amables’

Esta última denuncia de la CIG se suma a la realizada en el mes de mayo, cuando se hizo pública la partida que destinará el gobierno gallego a subvencionar el funcionamiento de las empresas de comunicación privadas, unas ayudas, que curiosamente, recaen siempre en los mismos grupos ‘amigos’.

Lo más indignante, para esta agrupación, vuelve a ser el modo en que la Xunta justifica el gasto, en este caso, refiriéndose a la libertad de expresión y a la intención de fomentar unos medios “más plurales e independientes”.  Es “para mear y no echar gota”, dicen sin tapujos.

Asimismo, apuntan, con estas partidas se busca supuestamente también, la “potenciación de la lengua y la cultura gallega”. Pero la realidad es que las ayudas recaen sobre grupos “que utilizan el gallego de forma residual”.

En este 2017, además, la partida crece en 500.000 euros y llega a 1.675.000, el dinero gastado en 2016, cuando, sin embargo, se aprobó un presupuesto de 1.135.000 euros, que se amplió después.