La lista de compatibilidades que habían pedido los diputados del Congreso de Diputados tiene bastantes sorpresas y curiosidades. La mayoría de ellos recurren a pedir permiso para ejercer la abogacía, acudir a tertulias o realizar asesorías jurídicas. También abundan los concejales y alcaldes en el hemiciclo, algunos de ellos cobrando dietas en sus Ayuntamientos. Y, por supuesto, muchos profesores de Universidad que piden mantener su labor docente.

Frente a ellos, destaca por ejemplo el diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, conocido sindicalista del campo, quien pide permiso para dedicarse a la “recogida de la aceituna y otros cultivos” durante 15 días al año, y ha pedido la baja del subsidio para los trabajadores agrarios de Andalucía y Extremadura, el REASS.

No es el único diputado con intereses en el sector primario. Miguel Ángel Viso Diéguez, del Partido Popular, ha sido presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Ribeiro hasta enero del 2016 y es “viticultor” de ese mismo vino, pues declara tener “viñedos familiares”. Y Carlos Rojas, también del Partido Popular es accionista minoritario de Agrícola Roga, que se dedica a la producción de frutas tropicales y hortalizas. Otros, como José Cano, se dedican a la restauración, en concreto en El Xato, restaurante creativo en La Nucía, fundado en 1915.

Otros cultivan el sol, como la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien declara ser titular de una planta fotovoltaica, lo que debiera provocar su ausencia en los Consejos de Ministros que regulen estas actividades. También tiene una “Central solar fotovoltaica de 2,5 Kw” Juanjo López Uralde, fundador de Equo, diputado de Podemos y expresidente de Greenpeace.

En el Congreso también hay varios artistas. Es el caso de Toni Cantó, de Ciudadanos, quien pide permiso para tener un contrato de “actor” en una “serie de televisión”. Y Félix Álvarez, más conocido como Felisuco, declara ser “actor de cine, teatro y televisión”, además de colaborar con medios de comunicación. Marta Rivera, también del partido de Albert Rivera, se declara “escritora”, además de colaborar en varios medios como El Español o Revista Glamur. Y “por su condición de escritora, de forma ocasional, participa en actividades literarias como coloquios, conferencias, mesas redondas o jurados de concursos literarios, todas ellas remuneradas”.

En este campo, quizás, podría integrarse a Jaume Moya, de Unidos Podemos, quien además de ser procurador judicial, se declara “guía intérprete, prestación de servicios culturales y organización de eventos”. También a Sofía Fernández, del mismo partido, quien participa en “encuentros literarios, recitales de poesía y presentaciones de sus trabajos audiovisuales”, aunque sólo cobra “indemnizaciones y dietas”. Y Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, que es también “diseñadora de joyas” para una sociedad de las que accionista mayoritaria, pero por lo que no cobra. Y en Podemos, entre el maremágnum de tertulias de sus diputados, destaca Noelia Vera, de Unidos Podemos, quien se declara redactora y presentadora del programa La Tuerka en la web de Público.

En la Cámara, como decimos, abundan los alcaldes y concejales. Algunos cobran dietas de su Ayuntamiento, como María del Carmen González, alcaldesa del PP de Garrafe del Toro (León). O Antonio González Terol, alcalde popular de Boadilla del Monte (Madrid). O Félix Alonso Cantorné, alcalde por Unidos Podemos en Altafulla (Tarragona). O Carmelo Romero, alcalde de Palos de la Frontera (Huelva) por el PP. O Ferran Bel, alcalde de Tortosa (Tarragona), del PdeCAT. También aparece Fernando Martínez-Maíllo, como alcalde de alcalde de Casaseca de las Chanas, pueblo de Zamora con 400 habitantes, aunque cesó en el puesto antes de que se aprobara el dictamen. Los únicos alcaldes que no cobran de su Ayuntamiento son Pedro José Muñoz, regidor socialista en Cebreros (Ávila) y Sergi Miquel, alcalde de Llagostera (Girona), del PdeCAT.

También están los diputados con relación con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Como el socialista Félix Jesús Sicilia es funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, aunque en servicios especiales. Y Juan Antonio Delgado, de Podemos, quien declara su condición funcionario del grupo C1 destinado en la Guardia Civil, en servicios especiales desde noviembre de 2015. Y está la socialista Zaida Cantera, que declara ser militar de retiro y tener una “pensión extraordinaria como consecuencia de su situación de retiro”, pero asegura haber suspendido la percepción del dinero. También tiene derechos de autor, del libro publicado sobre el acoso sexual sufrido en el Ejército.

Y hablando de pensiones, hay algunos casos curiosos. María Carmen Álvarez-Arenas, del PP, cobra una pensión de viudedad privada, además de ser consejera delegada de su empresa familiar, dedicada al mundo del empleo.  También el socialista Antonio Trevín tiene una pensión de viudedad, aunque pública. Ana María Surra, de ERC, declara haber pedido al Banco de Previsión Social de Uruguay que le suspenda su pensión de jubilación. Eduardo Madina (PSOE) declara su “pensión por atentado terrorista, en situación de renuncia”. E Ignacio Tremiño, del PP, que tiene una pensión de la seguridad social por su “condición de incapacidad permanente en grado de gran invalidez”. Cabe recordar que Tremiño es patrono de la Fundación de Lesionado Medular, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la vida de las personas con esta lesión, tarea por la que no cobra.