El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristobal Montoro, tendrá el dudoso honor de ser el segundo ministro de Mariano Rajoy reprobado por la oposición en el Congreso de los Diputados.

Los distintos grupos políticos ya han tomado posición en la votación que se producirá en dos días. PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PdCat, Bildu, Compromís y Nueva Canaria votarán a favor de la reprobación del ministro, confirmando que ésta saldrá adelante por holgada mayoría de la Cámara Baja. El PNV ha sido el único en anunciar que se abstendra y votarán en contra el Partido Popular, sus socios de Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro y la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.

Desde la oposición, han tachado al ministro Montoro de tener una actitud impresentable y ser un ministro quemado, a la vez que han pedido desde que se conociese la sentencia del Constitucional que fuese el propio presidente del Gobierno el que lo cesase.

La inconstitucionalidad de la amnistía

La reprobación del ministro nace a raíz de la decisión por unanimidad del Tribunal Constitucional, tumbando la amnistía fiscal que desde la cartera de Cristóbal Montoro se aprobó en marzo de 2012 y que sirvió para que muchos evasores fiscales, varios de ellos relacionados con casos de corrupción del Partido Popular, regularizasen sus fondos sin apenas coste fiscal.

Un día después del fallo del Constitucional, el grupo parlamentario socialista anunciaba que promovería la reprobación para el ministro de Hacienda. Los socialistas adujeron que se había beneficiado a “los defraudadores vulnerando principios constitucionales mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva a los contribuyentes" en el peor momento de la crisis económica.

Estos argumentos han sido los mismos que han repetido en el debate en Pleno sobre la moción este mártes los distintos grupos que la han apoyado y que han tachado al ministro Montor de ser un colaborador necesario de los defraudadores y de los corruptos.

Se une a su compañero Catalá

Cristóbal Montoro será el segundo ministro reprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en los 40 años de democracia. El primero fue su compañero, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por presuntas injerencias de su ministerio en la Operación Lezo y tras acusarle la oposición de interferir en el caso que afecta al encarcelado Ignacio González, con quien protagonizó unas grabaciones en las que el ministro le deseaba al expresidente de la Comunidad de Madrid que “ojalá se cierren pronto los líos”.

Alberto Garzón, portavoz en este debate en el Pleno por parte de Unidos Podemos, se ha referido a este hecho opinando que "parece que el Gobierno de Mariano Rajoy las colecciona (las reprobaciones) hasta hacer el completo".

Querella contra su antiguo despacho

Justo también este martes se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los directivos de Equipo Económico, el antiguo despacho del ministro de Hacienda. Se les acusa de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos por un contrato con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España. Según los querellantes, el contrato, firmado en 2012, vulneró la ley de Contratos del Estado.