Los trabajadores de prisiones se han concentrado este lunes ante la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, como parte de las movilizaciones que mantienen contra la falta de personal en las cárceles y la política de privatización del Gobierno, que ha subcontratado servicios de seguridad.

La concentración ha sido convocada por los sindicatos APFP, CCOO, CSIF y UGT. El pasado 13 de junio, estas organizaciones se reunieron con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, en la cárcel de Navalcarnero (Madrid), donde los funcionarios se manifestaron con motivo de la visita de Yuste a este centro.

Exigen la dimisión del responsable de Prisiones
Durante ese encuentro, APFP y Comisiones Obreras exigieron a Ángel Yuste su dimisión. Le reprochan “echar balones fuera” en todos los asuntos.  “Se limita a decir que todo parte de arriba, del ministro y del Gobierno, y no toma decisiones, a pesar de ocupar el puesto número 10 de los funcionarios del Estado, con un sueldo que supera los 100.000 euros”, explica el presidente de APFP, Francisco López.

Según López, el responsable de Prisiones “negó” que haya un plan privatizador del Gobierno, y lo justificó como una simple “experiencia”, pero los funcionarios creen que las adjudicaciones a empresas privadas de seguridad, que se está realizando en varias fases, “son una puerta de entrada” y que “tarde o temprano” terminarán privatizando otros puestos, además de los de la seguridad.

115 millones a empresas privadas
Según datos manejados por la Asociación Profesional de Financiación de Prisiones (APFP),  la privatización de la seguridad de las prisiones ha costado al Estado ya más de 115 millones de euros: 33,4 millones en la primera fase (mayo de 2013), más 66 millones, en la segunda (entre octubre de 2014 y septiembre de 2016) y más 34, en la tercera (enero de 2017), a lo que hay que sumar 7.791.151 de euros de los tres meses en los que se prorrogó la última fase (octubre, noviembre y diciembre de 2016).

Un carcelero para 70 presos
Los sindicatos también demandaron un protocolo contra las agresiones de presos a funcionarios, que han aumentado, debido a la falta de personal. Piden que los carceleros sean considerados agentes de la autoridad y esos hechos tengan consecuencias penales. Pero para esto tampoco ha habido respuesta, ya que tendría que hacerse a través de una ley orgánica con el aval del Congreso de los Diputados.

Falta personal en las cárceles. Las plazas vacantes por jubilaciones no se cubren y los funcionarios sufren, cada día, una media de dos agresiones por parte de los presos”, según denuncian los sindicatos, que calculan que se requieren 3.000 funcionarios. “En algunas cárceles, un único funcionario tiene que supervisar a un máximo de 70 reclusos que comparten un mismo módulo”.

El ministro mira para otro lado
Los sindicatos extienden sus críticas al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, porque, según afirman, se limita a “las buenas palabras”, y  a “mirar para otro lado” ante la “grave situación” que enfrentan “cada día” los funcionarios.