El actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, no sólo estaba al frente del Canal de Isabel II cuando se realizó la compra sospechosa de Inassa (empresa colombiana de gestión de agua), sino que fue el principal defensor de la operación que ahora investiga la Audiencia Nacional. Según las actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, a las que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, Canalda describió la operación como “un negocio básico seguro” y “un atractivo trampolín para el inicio de las operaciones del Canal de Isabel II en el continente americano”.

Canalda ya había sido señalado por su relación con el Canal de Isabel II y la compra de Inassa por 83 millones de euros, cuando su valor apenas superaría los 10 millones, lo que lleva a sospechar que parte del dinero se fue en sobornos y comisiones. Pero también porque la institución que ahora preside, la Cámara de Cuentas, jamás ha realizado un informe que fiscalizase las operaciones del Canal.

La compra de Inassa se realizó cuando Canalda era el director gerente y Pedro Calvo, hombre de confianza de Alberto Ruiz-Gallardón -y dimitido tras el escándalo del Madrid Arena- ejercía de presidente del Canal de Isabel II. En unas de las grabaciones intervenidas en la Operación Lezo a Ignacio González, éste le comentaba a Eduardo Zaplana “compró por 100 millones de euros una empresa que no valía ni 30”. También Edmundo Rodríguez, consejero del Canal, fue grabado por la Guardia Civil en una charla con un empresario hispanoamericano en la que le decía que con la operación de Inassa “se llevaron 25 millones en comisiones”.

Esta faceta del Caso Lezo provocó polémica cuando, en medio de la operación policial, el flamante fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, quiso vetar los registros relacionados con la compra de Inassa y que afectaban a la época de gobierno de Gallardón. De hecho, la investigación sobre Inassa se salvó en su día in extremis, cuando las fiscales pidieron ampliar las pesquisas a esta adquisición en noviembre de 2016, justo 24 horas antes de que se cumplieran 15 años de la compra y, por tanto, los posibles delitos prescribieran.

Canalda fue llamado a declarar en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, donde se presentó como un ignorante y aseguró que había llegado al cargo en septiembre de 2001, unas semanas antes de que se hiciese oficial la compra de Inassa, y que la operación la había tutelado los técnicos. Aun es más, Canalda llegó a enviar una rectificación a Ok Diario en la que aseguraba:

“En absoluto en su excargo de gerente de Canal de Isabel tuvo relación alguna con la compra de Inassa, pagando 10 veces más de lo que costaba la empresa de aguas colombianas, siento totalmente incierto que participara en el desvío de 83 millones de euros a Panamá para efectuar la compra de la filial colombiana Inassa”.

No es lo que se desprende de las actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II a las que ha accedido este periódico. En la del 8 de octubre de 2001, Arturo Canalda es el encargado de “tomar la palabra” y vender a todos los consejeros las bondades de la operación. Canalda explicó que la compra de Inassa era “un negocio básico seguro cuyos ingresos deben rebasar los 80 millones de dólares”.

Además, Canalda incidió en las ramas de la empresa en otros países, como en Estado de Zulia, “el más rico de Venezuela y tiene un rentra tres veces superior a la de Barranquilla”. O en Samborondón, en Ecuador, sobre el que explicó que “este cantón es una zona residencial exclusiva de Guayaquil, donde residen políticos y empresarios”. Todo para señalar que era “un atractivo trampolín para el inicio de las operaciones del CYII en el continente americano”. Y fue Canalda quien, en nombre del Canal, solicitó “la aprobación para la presentación de una oferta en el concurso a través de una sociedad vehículo”, que luego se descubriría que estaría radicada en el paraíso fiscal de Panamá.

Sólo dos consejeros del Canal levantaron la voz. El primero, Agapito Ramos, exconsejero de Presidencia en el Gobierno socialista de Joaquín Leguina. “En este tipo de cuestiones hay que ser muy cuidadoso, y antes de tomar cualquier decisión que impliquen obligaciones económicas para el Canal de Isabel II, estar muy seguros del paso a dar”, señalaba Ramos, que después añadía que había que actuar “como una empresa con ánimo de lucro salvaguardando los intereses económicos de esta Empresa y de la Comunidad de Madrid; es decir no debe actuar como una ONG”. El otro fue José Antonio Llanos quien preguntó “¿por qué razón se pone a la venta dicha empresa, teniendo unos resultados tan positivos?”. No recibió respuesta.

Ese día, el Consejo de Administración decidió “facultar expresamente” a Pedro Calvo y Arturo Canalda, junto al director económico y al subdirector de Nuevos Negocios para que “cualquiera de ellos de manera indistinta y solidaria con las más amplias facultades puedan en nombre del Canal de Isabel II negociar y presentar ofertas” para la compra de Inassa.

Un mes después, el 14 de noviembre, la exposición de Canalda se repitió, presentando a Inassa como “líder indiscutible en la región”. Agapito Ramos vuelve a tomar la palabra para alabar la idea de la compra de la empresa colombiana, aunque pide que “especialistas del Canal pasen una temporada en el lugar donde se va a trabajar para hacerse una idea clara del asunto”. El que ya no tiene dudas es Llamos, quien pide la palabra para felicitar al Canal por la idea de comprar Inassa y señas que “es a estas importantes licitaciones a las que debe acudir el Canal”.

Es en este Consejo de Administración donde se decide “presentar, en nombre del Canal de Isabel II, para la Licitación del 75% del accionariado de la Sociedad Inassa” y se faculta “solidaria e indistintamente” a Arturo Canalda, junto a los antes nombrados -excepto, esta vez, Pedro Calvo- “para presentar la indicada oferta de compra del 75% de las acciones de Inassa”. Por último, también se da a Canalda el poder para “firmar en nombre del Canal de Isabel II cuantos documentos públicos y privados sean necesarios”.

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