La acusación popular de la supuesta mordida de 200.000 euros que el PP de Castilla-La Mancha recibió de Sacyr en 2007 para pagar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal a cambio de la concesión de la recogida de basuras de Toledo, según declaraciones en sede judicial del extesorero del partido, Luis Bárcenas, se ha unido indignada contra el archivo libre de la causa dictado por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, como informó ELPLURAL.COM la pasada semana. IU, Ecologistas en Acción, Asociación Libre de Abogados (ALA), Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y Asociación Observatori de Drets Humans (DESC) han presentado la mayoría de ellas un recurso contra el auto dictado por este magistrado, que como en el caso del Observatori de Drets Humans, representada por el abogado Gonzalo Boye, considera el “sobreseimiento como una carta blanca a la impunidad”, señala en el recurso al que ha tenido acceso este periódico.
“Nos encontramos en la instrucción”
En el duro escrito presentado por DESC, el letrado recuerda al juez Rodríguez Ruiz que la causa se encuentra en fase de instrucción, “momento en el cual se debe investigar acera de la concurrencia de indicios sobre los elementos objetivos del tipo no así sobre los elementos subjetivos que habrán de ser probados en el acto del juicio oral”. En este sentido, subraya que el auto del juez no niega la existencia de indicios racionales, aunque no suficientes para establecer la comisión de delitos por los que se viene investigando. “Sin embargo, aún nos encontramos en fase de instrucción por lo que, sabiendo que existen indicios racionales y no meras sospechas sobre la comisión de delitos, lo procedente sería continuar con la investigación”, sentencia en su recurso.
La concesión de Toledo fue “recompensada”
Boye echa mano de los informes para llegar a la conclusión que Sufi, empresa adjudicataria de la recogida de basuras de Toledo, incumplía el pliego de contratación y aún así resultó adjudicataria quedando patente que su oferta, además, no era la mejor en términos objetivos. “Todo lo cual, unido a las declaraciones efectuadas por el Sr. Bárcenas ante el Juzgado Central de Instrucción, dan fuerza a la tesis acusatoria según la cual, la concesión de Toledo fue ‘recompensada’ con la donación efectuada por la matriz de Sufi para la campaña electoral de la Sra. Cospedal”, dice en su recurso. Y no sólo eso, muestra su extrañeza por el trato personal con el que el alcalde del PP en 2007, José Manuel Molina, se relacionaba con el consejero delegado de Sufi, Pedro Sigüenza, que según el escrito trató directamente con Molina la huelga que nunca fue convocada, “en lugar de ser un asunto que se tratase entre las personas encargadas de la gestión del contrato tanto por parte del Ayuntamiento como de la empresa licitadora”, concreta.
El truco del protocolo
Para los recurrentes la firma del protocolo en la que se apoya el juez instructor para sustanciar en parte el sobreseimiento libre de la causa, “no era en absoluto necesaria porque no había huelga que parar habida cuenta que no se había llegado a convocar porque ya se había llegado a un acuerdo”, añaden, “el único motivo para la firma de este protocolo, era generar un documento que forzara al Ayuntamiento a hacerse cargo de los gastos extras de personal que la empresa debía haber previsto y asumido”.
Investigar en vez de sobreseer
De esta forma, la Asociación Observatori de Drets Humans no oculta su decepción por el archivo de la causa y asegura que: “la mínima intención de esclarecer los hechos habría llevado en dirección opuesta a la acordada en la resolución aquí recurrida, es decir a investigar en lugar de sobreseer y, además, con carácter libre que conlleva la inexistencia de delito alguno cuando la propia resolución indica que los hechos tienen apariencia delictiva pero que no de suficiente intensidad”, agregan, “el sobreseimiento libre se nos antoja, dicho en términos de acusación, como una carta blanca a la impunidad”. Para Boye sólo cabe preguntarse por qué la empresa no realizó previsión alguna sobre el incremento salarial de la plantilla y por qué este hecho no importó al Ayuntamiento del PP. La respuesta es fácil: “ya estaba todo pactado y previsto como pago a la contribución que se había hecho a la campaña electoral de la Sra. Cospedal”, dice.
“La prevaricación es evidente”
Pero no solo el abogado Gonzalo Boye se muestra en contra del sobreseimiento, al mismo tiempo que insiste en traer “testimonio de la declaración prestada por Francisco Correa en el juicio oral” celebrado en la AN, también IU-Ecologistas en Acción han presentado escrito contra el carpetazo de Florencio Ruiz al considerar que la “prevaricación es evidente” y mantiene la existencia de presunto cohecho en relación con la comisión de 200.000 euros por la que pudo adjudicarse este contrato a la empresa Sufi, según declaraciones a la cadena Ser de Ana Méndez, letrada de esta parte del proceso.
“Claros, contundentes y rotundos”
Finalmente, es conveniente recordar que los tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 2015, ahora bajo la presidencia de Concha Espejel, amiga personal de Cospedal, según las propias palabras de la ministra de Defensa, coincidieron en su día en asegurar que en el caso que nos ocupa concurren “claros, contundentes y rotundos” indicios de “entregas en efectivo” al gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, para sufragar la campaña electoral a la presidencia autonómica de Cospedal en 2007. Los jueces se referían a los 200.000 euros que supuestamente habría pagado Sacyr al PP, a cambio de la contrata de las basuras en Toledo, rechazando así la petición de Cañas que pretendía el archivo de la causa.
