El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, ha dictado un auto en el que sobresee el caso de la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sufi entregó al partido de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral de ésta en 2007. A Cambio, consiguieron la concesión del servicio de recogida de basura de la capital castellano-manchega, siempre según declaraciones en sede judicial del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

El auto, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, da un carpetazo total y global al asunto que comenzó a ser investigado por el exjuez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, sin saber quién, por qué, a dónde y qué razones hay para que el PP castellano-manchego recibiera la cantidad de 200.000 euros que a día de hoy nadie sabe de su paradero.

Ningún supuesto delito

El juez Rodríguez Ruiz, después de casi dos años de instrucción y haber declarando “causa compleja” el caso en junio de 2016 y prorrogando la investigación 18 meses (hasta noviembre de 2017), no ha encontrado finalmente ni un solo supuesto delito que el juez Ruz sí halló, como así recogió en el auto enviado al Juez Decano de Toledo donde apreciaba “indicios de delitos de prevaricación y cohecho”.

Y no sólo eso, el titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 tampoco aprecia anomalías en la posible financiación irregular del PP. Sin embargo, no contesta a la pregunta básica: ¿Dónde están los 200.000 euros que Cospedal reconoció haber recibido del partido y que Génova asegura no haber enviado nunca esta cantidad a Castilla-La Mancha?

No cree a Cañas, pero…

En su auto, Florencio Rodríguez no cree la versión del tesorero del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, cuando ante el magistrado Pablo Ruz reconoció haber firmando el famoso recibí, pero no los 200.000 euros.

“Ciertamente, es ilógico que una persona como el señor Cañas firmara un recibí declarando percibir una suma de dinero de relevante cuantía sin que, realmente existiera ninguna contraprestación económica correlativa”, señala en su auto de 6 de junio. Pero a pesar de esto, el juez considera que “no se ha aportado a los autos prueba, ya directa, ya indiciaria, en virtud de la cual pueda establecerse con rigor el origen de esta cuantía económica ni la vinculación que esta supuesta entrega pudiera mantener con el contrato de recogida de residuos objeto de esta instrucción”.

…Tampoco aprecia financiación ilegal

Según el auto, para que exista delito de cohecho  no solo “es necesario que se acredite la entrega de una determinada suma económica a una autoridad o funcionario público, sino que es imprescindible que se acredite una relación casual y una  vinculación entre dicha parte económica y las funciones y el cargo que desempeña el perceptor de la prestación o promesa económica”, dice. De ahí que tampoco aprecie supuesto delito de financiación ilegal.

“Aún en el supuesto en el que se entendiera probada esta entrega de 200.000 euros, tampoco cabría apreciar un posible delito de financiación ilegal de partidos políticos (tipificados en los artículos 304 bis y 304 ter del Código Penal) en la medida en que dichos tipos penales entraron en vigor el día 1 de julio de 20015, es decir, en una fecha muy posterior al momento en el que tuvo lugar la firma del recibí que se ha aportado a las actuaciones”, argumenta en el auto.

¿Pero dónde están los 200.000 euros?

Sin embargo, Florencio Rodríguez debería preguntarse por el paradero de los 200.000 euros, como así lo hizo el juez Ruz, quien pidió al PP de Castilla-La Mancha las facturas, asientos contables, movimientos bancarios y cualquier otra cosa que justificara la recepción de esa cantidad que la caja de Génova niega haber enviado y que en las cuentas de los “populares” manchegos tampoco tienen constancia de su recepción.

Y por si todo esto no fuera motivo de investigación, existe otro documento emitido por el director de la Asesoría Jurídica del PP, Alberto Durán, en el que “no consta en el PP documentación contable de ninguna otra índole de la que se desprenda la recepción por D. José Ángel Cañas de la cantidad de 200.000 euros en 2007”.

O lo que es lo mismo, los 200.000 euros desaparecieron, no están en ningún papel, en ningún cajón, ni en ninguna cuenta corrientre de ninguna sede bancaria madrileña o toledana. Así, al menos, lo recogía también el Tribunal de Cuentas y el Síndico de Cuentas castellano-manchego, encargados de fiscalizar las cuentas de las campañas electorales y que reconocieron no saber dónde esta el dinero de la supuesta mordida.

El juez hace suyo el informe de la Fiscalía

En resumidas cuentas, el juez Rodríguez ha hecho suyo al final la petición del pasado febrero del fiscal jefe, Luis Ibáñez, pidiendo el archivo de las actuaciones sobre la supuesta mordida que la empresa Sufi entregó al partido de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.

El  documento, publicado en exclusiva por ELPLURAL.COM, se presentó en plena instrucción y cuando el titular del juzgado había llamado a declarar como investigados (antes imputados) al exalcalde de la ciudad, el “popular” José Manuel Molina, así como a toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo en mayo de 2007. Algún día conoceremos el paradero de los 200.000 euros.